Los jueces insisten en reconocer a los autónomos societarios su derecho a acogerse a la tarifa plana a pesar de la resistencia de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) a conceder este beneficio. Así lo reitera una reciente sentencia (cuyo texto puede consultar aquí) de un juzgado de lo contencioso-administrativo de León que rechaza, como argumentó la Administración tras la reclamación de un trabajador, que el régimen de la tarifa plana se limite a los autónomos «que asumen el riesgo», quedando excluidos «los administradores de sociedades mercantiles cuando poseen el control efectivo de las mismas».

El litigio tiene su origen en el recurso presentado por un autónomo societario (aquel que ha constituido una mercantil para ejercer su actividad) contra la negativa de la TGSS a reintegrarle lo cobrado de más, al rechazar que pudiera acogerse a la tarifa plana y mantenerle la cuota ordinaria de los trabajadores por cuenta propia. La tarifa plana reduce la cuota mensual hasta los 60 euros durante los primeros 12 meses de actividad.

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El Supremo dicta que una empresa no puede despedir a un trabajador y, posteriormente, decidir que le readmite en su plantilla. La reincorporación únicamente será legal cuando el empleado acepte volver a la compañía y haya acuerdo entre las partes.

El año pasado una limpiadora fue despedida porque su rendimiento había decaído notablemente, según alegó la empresa a la que prestaba sus servicios. Un mes después, la exempleada recibe un burofax de la compañía, donde se le informaba que dejaba sin efectos el despido y había decidido readmitirla. Si no se reincorporaba inmediatamente, se le sancionaría disciplinariamente, le indicaba.

La trabajadora no estaba de acuerdo con esta retractación, por lo que interpuso una demanda a la empresa, que fue admitida a trámite. El Tribunal Supremo (TS) dicta sentencia y aclara que sólo cabe la readmisión pretendida por la empresa en el caso de que hubiese acuerdo entre las partes, es decir, siempre que la mujer hubiese aceptado dicha reincorporación.

El fallo del Supremo subraya que no es admisible que «una decisión unilateral empresarial posterior con ofrecimiento de readmisión restablezca un vínculo contractual ya roto e inexistente». Añade, además, que «ni mucho menos la negativa del trabajador a reincorporarse implica la dimisión de éste». La decisión de la empresa, entiende el alto tribunal, privó a la empleada «del derecho a la calificación de ese acto».

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Pasado el tsunami del registro horario, en el ámbito laboral empiezan a sentirse los efectos de una reforma de mucho mayor calado organizativo para las empresas: la conocida como la jornada a la carta del artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores (ET). La nueva redacción de dicho precepto permite a los empleados solicitar la adaptación de la duración y distribución de su tiempo de trabajo «para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral».

En algunos juzgados ya afloran las demandas fruto de la negativa de las compañías a conceder al trabajador un cambio horario. No obstante, el criterio de que el empleado pueda solicitar una jornada distinta puede superar el marco del artículo 34.8 del ET e invadir otras figuras del derecho laboral como la reducción de jornada, contenida en el artículo 37 de la norma.

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La Seguridad Social ha salido hoy victoriosa del primer gran pulso contra Deliveroo. El juzgado de lo Social número 19 de Madrid ha sentenciado que los repartidores de la aplicación sí que están sujetos a una relación laboral, por lo que realmente son asalariados y deberían estar dados de alta como tales en vez de como autónomos. Según el criterio del magistrado, la compañía tendrá la obligación de contratar a sus repartidores.

Durante el juicio celebrado el pasado 31 de mayo, Roodfoods Spain, el nombre de la compañía detrás de Deliveroo, alegó que no existía relación laboral con sus repartidores. Finalmente, el juez ha concluido que «en la prestación de servicios de los repartidores afectados por el proceso, durante el período al que se refiere el acta de liquidación, prevalecieron las condiciones propias de la laboralidad», lo que ha conducido a la estimación de la demanda interpuesta por la Tesorería General de la Seguridad Social.

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Una sentencia aclara que cuando hay pacto entre empresa y empleados en un despido no se requiere la notificación al representante de los trabajadores.

La crisis impactó en sus cuentas, lastró su actividad y frenó sus planes de crecimiento. Después de lograr mantenerse en el mercado y tratar de salir adelante, un grupo empresarial se vio obligado a reestructurar su plantilla y, como consecuencia, a despedir a 314 trabajadores.

El sindicato no tardó en actuar. La organización presentó una demanda de impugnación del despido contra la compañía, solicitando que se declarara nulo el procedimiento. Después de meses batallando en los juzgados, el Tribunal Supremo ha dictado sentencia: no sólo aclara que el despido estaba justificado, sino que también determina que, al haber acuerdo entre empresa y trabajadores, no se requería el visto bueno del sindicato. Es decir, la justicia defiende que, cuando se alcanza un pacto en estas situaciones laborales, únicamente será necesario comunicarlo a la autoridad laboral. En el supuesto de no llegar a un acuerdo entre las partes, sí se requerirá una segunda notificación dirigida al representante de los trabajadores.

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