Los centros de inserción laboral para personas con discapacidad en Catalunya, también conocidos como CETs, han llevado este martes al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) el debate sobre cómo debe realizarse el último incremento a 900 euros del salario mínimo interprofesional (SMI). Y le han pedido al alto tribunal catalán que dirima sobre una cuestión que también se ha juzgado en otras instancias, como es el caso reciente de la Audiencia Nacional: ¿El salario mínimo se entiende como salario base o son absorbibles los complementos para alcanzar esos 900 euros?

Este martes se han sentado en el banquillo una de las patronales del tercer sector, AEES Dincat, y los sindicatos UGT y CCOO, que mediante demanda colectiva le han pedido al TSJC que arroje luz sobre esta cuestión para un sector especialmente vulnerable a la interpretación que acabe realizando. Pues en Catalunya hay actualmente 205 CETs en los que trabajan 16.333 personas, la mayoría con discapacidad y alrededor del 70% cobran el salario mínimo. El gran ausente en el juicio de este martes, aunque tampoco convocado, ha sido la Administración, pues entre la Generalitat y el Ministerio de Trabajo costean el 50% de ese SMI.

Leer la noticia completa – click aquí