Cuando se citó a la mujer a acudir a su revisión habitual, se le comunicó que, en caso de no ir, finalizaría la prestación si no justificaba su ausencia en un plazo de diez días. Al no comparecer, se le envió a la mujer una segunda comunicación por correo, en la que se le informó de que no fue a la revisión y, por tanto, se acababa la ayuda que recibía por incapacidad.

Semanas después, la empleada finalmente reaccionó y lo hizo para enviar un comunicado a la mutua justificando que no acudió al reconocimiento porque no se le comunicó correctamente. Interpuso un recurso de suplicación, que fue impugnado por la mutua. Tras estudiar el caso, el TSJ de Santa Cruz de Tenerife es claro: ante la falta de respuesta de la empleada, la extinción del subsidio es procedente. El tribunal se fija en un punto clave: la prestación finaliza si no se justifica la asistencia a partir del día siguiente de la cita médica. La trabajadora entendió que bastaba con enviar la justificación al día siguiente a la notificación.

La sentencia del TSJ canario aclara que la ley, en este caso, es reiterativa. «En siete ocasiones el precepto reglamentario (real decreto 625/2014) señala de forma clara que el plazo de diez días para formular alegaciones computa desde la fecha del reconocimiento médico», aclara el dictamen.

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