Un estudio de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos y de la Universidad Complutense de Madrid desvela que existen un gran número de profesionales por cuenta propia que, en realidad, podrían ser falsos autónomos.

La conclusión se obtiene al analizar parámetros como quién determina el horario de la jornada laboral o el orden de las tareas que debe realizar un autónomo. Teóricamente, este profesional debe tener independencia para tomar este tipo de decisiones. Si no es así, estaríamos ante potenciales falsos autónomos. Si este tipo de profesionales tienen ese tipo de dependencias frente a los clientes deberían estar incluidos en el Régimen General, como asalariados. Y no como trabajadores por cuenta propia; pues en realidad no lo son. 

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Cometer errores en el momento de calcular nóminas expone a pymes y a autónomos a sanciones. Tal y como confirman desde Ruiz Beato Abogados el Estatuto de los Trabajadores establece que no consignar en la nómina las cantidades realmente abonadas al trabajador constituye una infracción administrativa grave, sancionada con una multa de entre 626 a 6.250 euros. Por otro lado, no entregar puntualmente el recibo de salarios al empleado constituye una infracción administrativa leve, sancionada con una multa de entre 60 y 625 euros.

Errores comunes en la gestión de nóminas

Entre los errores habituales destaca que las pymes no se informen a tiempo de los cambios particulares que afectan a los conceptos y condiciones para calcular la nómina, que se faciliten datos incompletos o se comuniquen de forma informal.

Además, para el cálculo de la retención de impuestos, es importante conocer si las percepciones que componen la nómina del empleado deben ser gravables o quedan exentas, ya que puede crear discrepancias y generar problemas a largo plazo.

No usar nóminas del mes anterior

Muchas empresas acostumbran también a usar las nóminas del mes anterior como ejemplo. Sin embargo, cada mes las condiciones varían y para prevenir errores es mejor empezar de cero.

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Las empresas tendrán tres años para implantar los planes de igualdad y el registro salarial, en función del número de trabajadores.

El Gobierno quiere garantizar que se cumple la igualdad laboral entre el hombre y la mujer de manera inmediata. Hasta el punto de que convierte el derecho al permiso de paternidad, en una «obligación» durante la seis primeras semanas después del parto. Así se recoge en el borrador del Real Decreto Ley que el Ejecutivo está negociando con la patronal y los sindicatos.

Además, el proyecto del Ejecutivo modifica, entre otras disposiciones del Estatuto de los Trabajadores, el artículo 48. Y dice literalmente: «El nacimiento suspenderá el contrato de trabajo del progenitor distinto de la madre biológica durante 16 semanas, de las cuales serán obligatorias las seis semanas ininterrumpidas inmediatamente posteriores al parto, que habrán de disfrutarse a jornada completa». Todo ello, «para el cumplimiento de los deberes de cuidado previstos en el artículo 68 del Código Civil». Este precepto reza lo siguiente: «Los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Deberán, además, compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de ascendientes y descendientes y otras personas dependientes a su cargo».

Con ello, el Gobierno, y también los sindicatos, quieren asegurar la recuperación total de la madre, mientras el padre se ocupa de todas las tareas domésticas y burocráticas que suponen el nacimiento de un hijo, según explica a EXPANSIÓN Elena Blasco, secretaria de Igualdad de CCOO.

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Las trabajadoras en excedencia por cuidado de hijos que den a luz durante el primer año tienen derecho a cobrar la prestación por maternidad. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) deniegan estas solicitudes al considerar que las trabajadoras no están dadas de alta en el régimen general de la Seguridad Social. Dos recientes sentencias del Tribunal Superiores de Justicia (TSJ) del Principado de Asturias (accede aquí al texto de la sentencia) y del TSJ de Madrid (pincha aquí para leer el texto) corrigen al organismo gestor, condenándole al abono de la correspondiente prestación en estos supuestos. Los tribunales son rotundos al afirmar que durante el primer año de excedencia todas las trabajadoras se encuentran en una situación asimilada al alta y que, por tanto, cumplen con el requisito para el cobro de la prestación pese a trabajar como autónomas.

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La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha sugerido hoy que el Ejecutivo va a renunciar a las medidas estrella de su departamento en materia de pensiones: volver a vincular su revalorización con el IPC en la ley y derogar definitivamente el factor de sostenibilidad aprobado en 2013.

El Ejecutivo ya renunció a estas dos medidas en la propuesta de Real Decreto en materia de Seguridad Social que entregó el viernes a los agentes sociales. Si bien debía de confirmar hoy a los sindicatos si renunciaban a ello o no. La respuesta de Valerio ante la pregunta de si existiría esa renuncia ha sido clara “como Gobierno lo tenemos que valorar” […] “ pero no hay voluntad del Gobierno hacer una reforma unilateral”.

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