El Tribunal Supremo, en sentencia 31/2019, de 17 de enero (Rec. 2000/2017), aclara cómo se deben confeccionar las nóminas de los trabajadores, y dispone que el contenido de la nómina debe ser transparente, – de fácil comprobación de los conceptos pagados-, y que el cálculo e importe de cada uno estos conceptos, pueda realizarse con el número mínimo de operaciones matemáticas, y sin necesidad de acudir al registro de datos que, aunque el trabajador conozca, no le sean comunicados por la empresa.

En el caso sometido a casación, el contenido del modelo de nóminas que utiliza la empresa no es tan clarificador como esta pretende porque en la forma en que está realizada, obliga al trabajador a controlar el número de días de trabajo y el de horas trabajadas, así como a realizar unas operaciones matemáticas más o menos complejas para comprobar que la empresa le paga lo correcto, lo que se opone al principio de transparencia con el que debe actuarse en la relación laboral y que debe inspirar la redacción del contrato y de los demás documentos que del mismo se derivan, entre ellos la nómina.

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El Gobierno no cesa en su empeño de intentar conseguir el respaldo de patronal y sindicatos para derogar in extremis la reforma de las pensiones que el Ejecutivo del Partido Popular hizo unilateralmente en 2013. Igualmente, distintos responsables del Ejecutivo han asegurado que negociarán hasta el último momento para arrancar el máximo consenso posible para derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral.

De hecho, los responsables del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social convocaron este viernes a los responsables sindicales y empresariales para intentar cerrar un pacto que permitiera al Gobierno llevar un real decreto de Seguridad Social al último Consejo de Ministros antes de la disolución de las Cortes, que se celebrará el 1 de marzo. Para después intentar convalidar dicho decreto en el último pleno del Congreso de la semana siguiente.

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La responsabilidad penal de las personas jurídicas no solo ha llegado para quedarse, sino que, además, va en aumento. Los mandatos de la Unión Europea, a través de sus directivas, obligan a España a reconocer la responsabilidad penal de las personas jurídicas para nuevos delitos. Así, la reciente reforma del Código Penal (aprobada por la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero) que entrará en vigor el próximo 13 de marzo, recoge el testigo y amplía el listado de delitos de los que pueden ser responsables las organizaciones.

En primer lugar, hay que aclarar que las empresas no responden por la comisión de cualquier delito, sino solo por aquellos que expresamente estén así reconocidos por el Código Penal. Se ha optado, pues, por un sistema cerrado de enumeración taxativa de los ilícitos. Los nuevos delitos añadidos a ese catálogo son, en síntesis, el de comunicación ilícita de información privilegiada, todos los delitos de malversación y todos los delitos de terrorismo.

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El Gobierno va a intentar sacar adelante su contrarreforma laboral para revertir algunos de los cambios que hizo el PP en el mercado de trabajo en el año 2012. Para ello podría usar la vía del Real Decreto Ley antes de las elecciones generales, o incluir estas modificaciones en una proposición de ley en materia de subcontratación cuya tramitación está ya muy avanzada. Si bien será complicado que estas iniciativas vean la luz porque, en cualquier caso, requerirá de votaciones parlamentarias en las que el Ejecutivo tiene difícil lograr la mayoría. Así lo han confirmado a EFE fuentes gubernamentales después del rechazo a los Presupuestos Generales del Estado para 2019 -en los que se incluían algunas de estas medidas, como el subsido para mayores de 52 años, la ampliación del permiso de paternidad o el pago de las cotizaciones a las cuidadoras- y de convocatoria anticipada de elecciones generales que hará decaer otras medidas que estaban en tramitación parlamentaria.

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El Gobierno está dispuesto a sacar adelante en los minutos de descuento de la legislatura puntos claves en derechos laborales y en pensiones. Estos cambios sólo pueden llegar mediante decretos
ley, por lo que el Ejecutivo ha de contar con apoyos suficientes en el Congreso
de los Diputados de cara a una imprescindible convalidación, y por ello negocia a contrarreloj. El calendario es ajustadísimo y el respaldo parlamentario, complejo.

Ayer desde el Ministerio de Trabajo aseguraban en que estaban a tiempo de introducir cambios legislativos antes de la celebración de los comicios del 28 de abril, tal y como adelantó el domingo La Vanguardia. Las medidas “más factibles”, aseguraron las citadas fuentes, son la ampliación del subsidio para desempleados a los mayores de 52 años y la extensión de la prestación por paternidad de cinco a ocho semanas.

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