A primeros de año entró en vigor el Real Decreto Ley 28/2018, que introdujo novedades que afectan directamente a los autónomos. Una de ellas está vinculada con las mutuas, y es que los trabajadores por cuenta propia tienen que elegir mutua antes del próximo 31 de marzo.

Tal y como explica ATA en un comunicado, todos los autónomos cuya cobertura de prestación económica de Incapacidad Temporal sea con el INSS tienen que optar por una Mutua colaboradora de la Seguridad Social. No obstante, han precisado: “Los autónomos que se dieron de alta después del 1998 están todos cubiertos porque desde esa fecha era obligatoria la elección de una Mutua”.

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La Tesorería General de la Seguridad Social ha elaborado un documento informativo para informar a los autónomos sobre cómo cambiar ciertas contingencias de cara al próximo año. Esta nueva funcionalidad está disponible de manera telemática a través del Sistema RED. Los autónomos, en concreto, podrán modificar las coberturas por incapacidad temporal, accidente de trabajo y cese de actividad.

Según informa la propia Tesorería, podrán acceder a esta nueva funcionalidad el personal autorizado al Sistema RED, que deberá disponer del número de afiliación asignado al trabajador autónomo del que intente conseguir el duplicado de la resolución. La pestaña en la que se enmarca esta funcionalidad se denomina “Modificación de Cobertura para el año próximo en el RETA”.

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La nueva norma establece que las empresas han de garantizar el registro diario de la jornada de trabajo de sus trabajadores, que debe incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada realizada por cada persona trabajadora.

Frente a lo esperado por los interlocutores sociales, no se establece un sistema rígido de registro, sino que remite a lo que se pacte en convenio colectivo o en acuerdo colectivo de Empresa y, en defecto de esos pactos, a lo que decida el empleador unilateralmente, previa consulta con la representación legal de los trabajadores.

Cualquiera que sea el sistema de registro establecido, a través de las vías anteriores, la norma requiere que la empresa conserve los datos consignados en los registros durante cuatro años, permaneciendo a disposición de los trabajadores, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

La norma tipifica como infracción grave el incumplimiento en materia de registro de jornada, con multas que oscilan entre los 626 y los 6.250 euros, según la calificación de su grado infractor, mínimo medio o máximo.

La obligación será exigible dentro de 2 meses desde la entrada en vigor de la norma, esto es, a partir del 12 de mayo de 2019.

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El finiquito, aunque se encuentre válidamente firmado por el trabajador, no impide que la empresa pueda reclamar posteriormente el pago de deudas contraídas en el marco de la relación laboral. Es decir, la declaración de renuncia a cualquier acción que conlleva este documento afecta al empleado, pero no a la compañía, tal y como determina el Tribunal Supremo en una reciente sentencia (que puede consultar aquí) que unifica doctrina.

La resolución, dictada por el pleno de la Sala de lo Social, razona que el finiquito contiene una manifestación de voluntad del asalariado, pero no de la empresa. Así, el primero reconoce saldados todos los conceptos que podrían derivarse de la relación laboral, la cual se extingue, pero no puede concluirse que la sociedad haga una declaración similar. «El documento no permite deducir la intención de la empresa, porque en él no se contiene ninguna manifestación de voluntad de la misma», aseveran los magistrados, que explican que no puede equipararse la elaboración de la liquidación con un desistimiento de una demanda posterior. Para ello haría falta una expresión «clara e indubitable» en este sentido.

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Las empresas tendrán que registrar diariamente la jornada de sus trabajadores a partir del 12 de mayo, fecha en la que entrará en vigor la modificación del Estatuto de los Trabajadores referida al registro de jornada que aprobó el Gobierno la semana pasada.

En concreto, el Real Decreto-ley de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo al que el Consejo de Ministros dio su visto bueno el pasado viernes y publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), obliga a las empresas a realizar un registro diario del horario de sus trabajadores, que deberá incluir el inicio y finalización de la jornada, sin perjuicio de la flexibilidad horaria.

Este registro se organizará y documentará mediante la negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, por decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores.

La empresa estará obligada a conservar los registros de jornada de sus trabajadores durante cuatro años y deberán permanecer a disposición de los trabajadores, sindicatos y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

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