La Tesorería General de la Seguridad Social ha elaborado un documento informativo para informar a los autónomos sobre cómo cambiar ciertas contingencias de cara al próximo año. Esta nueva funcionalidad está disponible de manera telemática a través del Sistema RED. Los autónomos, en concreto, podrán modificar las coberturas por incapacidad temporal, accidente de trabajo y cese de actividad.

Según informa la propia Tesorería, podrán acceder a esta nueva funcionalidad el personal autorizado al Sistema RED, que deberá disponer del número de afiliación asignado al trabajador autónomo del que intente conseguir el duplicado de la resolución. La pestaña en la que se enmarca esta funcionalidad se denomina “Modificación de Cobertura para el año próximo en el RETA”.

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La nueva norma establece que las empresas han de garantizar el registro diario de la jornada de trabajo de sus trabajadores, que debe incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada realizada por cada persona trabajadora.

Frente a lo esperado por los interlocutores sociales, no se establece un sistema rígido de registro, sino que remite a lo que se pacte en convenio colectivo o en acuerdo colectivo de Empresa y, en defecto de esos pactos, a lo que decida el empleador unilateralmente, previa consulta con la representación legal de los trabajadores.

Cualquiera que sea el sistema de registro establecido, a través de las vías anteriores, la norma requiere que la empresa conserve los datos consignados en los registros durante cuatro años, permaneciendo a disposición de los trabajadores, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

La norma tipifica como infracción grave el incumplimiento en materia de registro de jornada, con multas que oscilan entre los 626 y los 6.250 euros, según la calificación de su grado infractor, mínimo medio o máximo.

La obligación será exigible dentro de 2 meses desde la entrada en vigor de la norma, esto es, a partir del 12 de mayo de 2019.

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El finiquito, aunque se encuentre válidamente firmado por el trabajador, no impide que la empresa pueda reclamar posteriormente el pago de deudas contraídas en el marco de la relación laboral. Es decir, la declaración de renuncia a cualquier acción que conlleva este documento afecta al empleado, pero no a la compañía, tal y como determina el Tribunal Supremo en una reciente sentencia (que puede consultar aquí) que unifica doctrina.

La resolución, dictada por el pleno de la Sala de lo Social, razona que el finiquito contiene una manifestación de voluntad del asalariado, pero no de la empresa. Así, el primero reconoce saldados todos los conceptos que podrían derivarse de la relación laboral, la cual se extingue, pero no puede concluirse que la sociedad haga una declaración similar. «El documento no permite deducir la intención de la empresa, porque en él no se contiene ninguna manifestación de voluntad de la misma», aseveran los magistrados, que explican que no puede equipararse la elaboración de la liquidación con un desistimiento de una demanda posterior. Para ello haría falta una expresión «clara e indubitable» en este sentido.

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Las empresas tendrán que registrar diariamente la jornada de sus trabajadores a partir del 12 de mayo, fecha en la que entrará en vigor la modificación del Estatuto de los Trabajadores referida al registro de jornada que aprobó el Gobierno la semana pasada.

En concreto, el Real Decreto-ley de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo al que el Consejo de Ministros dio su visto bueno el pasado viernes y publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), obliga a las empresas a realizar un registro diario del horario de sus trabajadores, que deberá incluir el inicio y finalización de la jornada, sin perjuicio de la flexibilidad horaria.

Este registro se organizará y documentará mediante la negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, por decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores.

La empresa estará obligada a conservar los registros de jornada de sus trabajadores durante cuatro años y deberán permanecer a disposición de los trabajadores, sindicatos y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

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La esperada ampliación del permiso de paternidad de cinco a ocho semanas, que ha tenido en vilo a miles de familias a punto de dar a luz esta semana, se aplaza al próximo 1 de abril. Pese a que el real decreto ley de medidas urgentes para garantizar la igualdad, que incluye la ampliación progresiva del permiso de paternidad, entrará en vigor este viernes 8 de marzo después de su publicación este jueves en el BOE, establece en su disposición final tres excepciones, una de las cuales afecta a la medida estrella del texto. También se retrasan al mes próximo la ampliación de este permiso para los funcionarios, así como las modificaciones en las bonificaciones de cuotas para los autónomos que tengan hijos.

El texto, aprobado el pasado viernes en el Consejo de Ministros, amplía el permiso de paternidad a ocho semanas para los nacimientos que se produzcan en 2019, que aumentará a 12 semanas en 2020 y a 16 semanas en 2021, cuando se alcanzará la equiparación total con el de maternidad. Este permiso es intransferible, por lo que si el padre no lo disfruta no lo puede ceder a la madre, y pagado al 100%, y sitúa a España a la cabeza de Europa en esta prestación. El impacto presupuestario para 2019 se calcula entre 250 y 300 millones; la equiparación total, en 1.100 millones, según el Gobierno, más otros 12 millones para los funcionarios.

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