El Tribunal Supremo ha determinado que a la hora de resolver solicitudes de prolongación del servicio activo del personal de la Administración pública, la realización de actividades sindicales aunque ha de valorarse no implica que automáticamente se conceda (pincha aquí para acceder a la sentencia).

En este caso, un médico que ya había llegado a la edad de jubilación solicitó extender su permanencia en el servicio activo. Ante la negativa de la administración, recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia que anuló el acto administrativo y reconoció su derecho de permanencia en el servicio activo, en virtud de la especial protección de quienes ejercen el derecho fundamental a la libertad sindical.

Sin embargo, el alto tribunal ha aclarado, que la garantía de indemnidad sindical exige que el trabajador no soporte ninguna desventaja o perjuicio por razón de su actividad sindical, pero no supone el reconocimiento automático de la prórroga en el servicio activo. De ser así, según se añade en la sentencia, «se estaría incentivando que todo el que quiera seguir en activo se asegurara su prolongación solo por la realización de actividades sindicales».

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La justicia ha dado la razón a un portero de una comunidad de propietarios que fue despedido disciplinariamente, acusado de alertar a un vecino de que estaba siendo investigado por la policía. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía confirma, en una sentencia (pincha aquí para acceder al texto), la decisión del juzgado de lo social, que consideró improcedente el despido al no existir pruebas fehacientes del grave comportamiento que se le imputaba.

Los hechos, tal y como recoge la sentencia, sucedieron en marzo de 2013. El portero del inmueble fue requerido por dos agentes policiales para que les facilitara llaves de acceso al portal y del garaje. Los agentes no iban uniformados, ni informaron al portero de los motivos por los que requerían las llaves. El trabajador comunicó lo sucedido a su superior, quien le autorizó para hacer entrega de las llaves. Poco después, un escrito enviado por la Policía al Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), motivó su despido inminente. En él, se señalaba al conserje como responsable de un “chivatazo”. Según esta misiva, había informado al vecino investigado, posteriormente detenido, de cada uno de los movimientos de los agentes, alertándole de la presencia policial en el recinto. La carta de despido indicaba expresamente que dicha queja fue trasladada del IMV a la empresa, y que fueron esos graves hechos los que motivaron la decisión de echarle.

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El último grupo de novedades importantes de la Ley 6/2017, de reformas urgentes del trabajo autónomo, entró en vigor el primero de enero, como sabemos. Pero aún queda un punto que entra en vigor el 1 de marzo de 2018 y que se refiere a la cuantía de las prestaciones por maternidad y paternidad de los trabajadores autónomos.

Concretamente, conforme establecen sus disposiciones finales cuarta, que modifica el artículo 318 de la Ley General de la Seguridad Social, y decimotercera, con efectos a partir de esa fecha cambia la cuantía de la base reguladora sobre la que se calculan ambas prestaciones.

Y es que, hasta ahora, la prestación económica por maternidad y paternidad consistía en un subsidio equivalente al 100% de la base reguladora igual a la establecida para la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, que era:
Base de cotización mes anterior/30 (o nº días cotizados)
A partir del 1 de marzo de 2018, la cuantía del subsidio por maternidad y paternidad será del 100% sobre una base reguladora cuya cuantía diaria será el resultado de dividir la suma de las bases de cotización acreditadas a este régimen especial durante los seis meses inmediatamente anteriores al del hecho causante entre ciento ochenta que, si el autónomo no ha estado de alta en el régimen especial durante esos seis meses, se dividen las bases de cotización acreditadas en ese periodo entre los días en que el trabajador haya estado en alta. Es decir:
Base de cotización seis meses anteriores (o periodo menor)/180 días (o nº días cotizados en esos 6 meses)
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Mediante resolución de 6-7-92 el INSS reconoce al trabajador, que padece una agenesia en ambos antebrazos y en varios dedos de las manos (patología congénita derivada de la talidomida), una minusvalía del 40%, de conformidad con el RD 1723/1981. El trabajador solicita la revisión de la minusvalía conforme al RD 1971/1999 y mediante resolución de 23-5-13 se le reconoce un grado de discapacidad del 75%.

El 8-7-14, el trabajador solicita pensión de jubilación anticipada para trabajadores con discapacidad del 45% que el INSS deniega por acreditar únicamente 94 días trabajados con un grado de discapacidad del 45% de los 5.475 días legalmente exigidos. El INSS no discute la concurrencia de los requisitos de edad, discapacidad ni cotización exigibles. La discusión se centra exclusivamente en que únicamente se reconoce al trabajador el grado de minusvalía del 75% a partir de la resolución 23-5-13.

El trabajador presenta demanda en materia de Seguridad Social que es desestimada tanto en primera como en segunda instancia, por lo que recurre en casación para unificación de doctrina. Alega el trabajador que padece la discapacidad desde su nacimiento.

Para el TS no se trata de un supuesto de revisión del grado de minusvalía, pues este solo procede en caso de agravación o mejoría y en los de error de diagnóstico. En el caso analizado, se trata de la aplicación de un nuevo baremo; se trata de actualizar conforme a la vigente normativa el grado de discapacidad reconocido conforme a la normativa anterior. Además, debe tenerse en cuenta que el trabajador padece una patología congénita con limitaciones funcionales que no han cambiado desde la fecha de su nacimiento. Por ello, el grado de discapacidad del 75% reconocido debe surtir plenos efectos desde la fecha de su solicitud, es decir, desde la resolución de 6-7-92.

Por ello, el TS considera [...]