Del mismo modo que todas las madres trabajadoras tienen derecho a una rebaja fiscal en forma de una paga mensual de 100 euros (1.200 al año) hasta que el bebé cumpla tres años de edad, el ministro Montoro pretende ahora extender esta fórmula -que se conoce como ‘impuesto negativo‘- a los contribuyentes de mayor edad, estén jubilados o no, con el fin de aliviar sus gastos de dependencia mediante un cheque cada mes.
Esta es la respuesta que ultima Hacienda para contrarrestar el malestar creciente del colectivo de pensionistas por la escasa revalorización de sus prestaciones (del 0,25% en cada uno de los últimos cinco años). Este mismo jueves está convocada una protesta ante la sede del Ministerio de Hacienda donde tiene su despacho el ministro Montoro.
La técnica del ‘impuesto negativo’
Tal como funciona la técnica fiscal de los llamados ‘impuestos negativos’, este tipo de deducciones llega a todos los contribuyentes que cumplan las condiciones requeridas. En el caso de la deducción para las madres, se exige que la mujer esté dada de alta en la Seguridad Social. Da igual su nivel de renta, tanto si es muy elevada, como si es tan baja que está exenta de pagar impuestos. Se llame como se llame, el impuesto negativo se convierte en la práctica en un complemento mensual de ingresos, en una minipaga, en una prima o en un cheque que, en el caso de los madres, busca ayudar con los gastos de guardería y, en el de los mayores, pretende contribuir a cubrir los gastos mensuales derivados de sus cuidados.
Fuentes del Gobierno han confirmado que esta es la fórmula en la que está trabajando Hacienda y explican que este diseño permite hacer llegar la ayuda fiscal a cualquier contribuyente aunque su renta sea tan baja que no tenga que tributar por ella. El Gobierno se sacude así las duras críticas con que fue recibido este martes el anuncio del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre su intención de incorporar a los Presupuestos del 2018 una deducción fiscal en la cuota del impuesto sobre la renta (IRPF) para los contribuyentes de edad «muy avanzada» con el fin de reconocer los «costes inherentes» a la misma, como los relacionados con discapacidad y dependencia.
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