La mejora de la gestión de la Seguridad Social y de las mutuas y la reducción del fraude y de la picaresca por miedo a perder el empleo hicieron que los ciudadanos faltaran menos a sus puestos de trabajo durante los años de la crisis. Los procesos por enfermedad llegaron a reducirse un 46% y ello ahorró más de 3.000 millones de euros a la Seguridad Social. En 2014, con la economía y el empleo creciendo por encima del 3% desapareció el «efecto crisis» y los trabajadores comenzaron a estar más confiados en sus empresas, lo que provocó que, tras seis años de descensos y un tímido aumento en 2014, las bajas laborales volvieran a repuntar y con ellas también el gasto. Desde entonces no ha remitido.

En el periodo de recuperación (2014-2017) el desembolso en bajas laborales ha crecido un 39% y un 8,6% si lo que se analizan son los trabajadores protegidos. En 2017 las empresas habrían pagado por estas ausencias por enfermedad de sus trabajadores 6.612,60 millones —el dato aún no está cerrado—, lo que supone un 10,3% más que un año antes. Ahora bien, el montante económico que supusieron estas ausencias al trabajo para la economía española ascendió a76.752 millones de euros, según los datos que elabora la asociación de mutuas de accidentes de trabajo (Amat).
7.200 millones este año
Esta última cifra se llegaría tras sumar el coste de las prestaciones económicas, de 6.614,46 millones, más el coste directo que estas ausencias al trabajo supusieron a las empresas, 6.224 millones y el coste de oportunidad, en términos de la producción de bienes y servicios que se dejaron de prestar o producir y que ascendió a casi 64.000 millones. Así, el [...]

Las empresas pueden encargar a una compañía externa el control de los empleados que faltan al trabajo por motivos de salud, siempre que el convenio no lo impida. El Tribunal Supremo avala en una reciente sentencia esta práctica (accede al texto pinchando aquí), amparada en el poder de dirección del empresario, que no vulnera ningún derecho de los trabajadores, siempre que se realice dentro de los límites de la buena fe y sea proporcional con los objetivos buscados.

Unisono Soluciones, empresa de 4.000 empleados y perteneciente al sector ‘contact center’, subcontrató con una compañía externa el servicio de reconocimiento de los trabajadores ausentes por motivos de salud. El protocolo consistía en citar al trabajador incluso inmediatamente después de que se produjera esta falta de asistencia. Si los trabajadores no acudían a la cita tras haber sido notificados por teléfono, por sms o por burofax, la empresa les podía suspender la mejora de la prestación por la situación de incapacidad temporal (hasta completar el 100% del salario).

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La reforma de las pensiones es, sin lugar a dudas, la principal cuestión que abordar en esta legislatura. Así se lo ha confesado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a diferentes portavoces de la oposición. Sin embargo, la fragmentación del arco parlamentario, el clima de enfrentamiento político y la cercanía de las elecciones municipales, autonómicas y europeas, hace prever que todo quede en agua de borrajas. Esto es lo que se va a visualizar en el Congreso de los Diputados en el pleno que se celebrará el miércoles.

La incapacidad de la nueva fragmentación partidaria para alcanzar acuerdos es lo que ha hecho saltar por los aires el pacto de Toledo. Aquella iniciativa se adoptó con la única finalidad de que las pensiones no se utilizasen como arma electoral. Eso permitiría a diferentes gobiernos afrontar las dolorosas reformas que serían inevitables sin miedo a perder las elecciones. Es decir, lo contrario de lo que está pasando ahora, razón esta por la que nuestra clase política se ha convertido en uno de los principales problemas que tiene el país.

El Pacto de Toledo permitió que se dejara de hacer subidas de pensiones electoralistas

El pacto de Toledo se firmó en julio de 1995 porque existía una clara conciencia por parte de grupos parlamentarios de que resultaba imprescindible poner las bases para evitar que las futuras generaciones tuvieran una vejez pobre. No podemos olvidar que en 1996 Felipe González dejaría el gobierno a José María Aznar con un déficit en el sistema público de pensiones de medio billón de pesetas de la época.
Aquel acuerdo parlamentario permitió que se dejara de hacer subidas de pensiones electoralistas, lo que facilitó la creación de un Fondo de Reserva. La mal llamada [...]

Apenas llevamos tres meses de 2018 y los cambios en autónomos no han dejado de sucederse. El 1 de enero entraron en vigor nuevas medidas de la reciente Ley de Autónomos, que afectan a la cuota que paga un nuevo autónomo y a la deducibilidad de ciertos gastos.

El día 1 de marzo, derivado de esa misma Ley, entran en vigor otra serie de medidas relacionadas con los derechos de maternidad y paternidad en profesionales por cuenta propia. El viernes pasado entró en vigor la nueva Ley de Contratos Públicos, con la que se pretende favorecer el acceso a licitaciones por parte de pequeñas empresas y autónomos. También a primeros de este mes, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una orden que obliga a los autónomos a darse de alta de forma obligatoria en el Sistema RED.

Todo en sólo tres meses. Afirmar que 2018 es el año de los cambios en autónomos está más que justificado. Porque, además, esto es sólo el principio. En el Congreso, una subcomisión de Empleo estudia reformas profundas en el Régimen de Autónomos, cuyas conclusiones están programadas para septiembre. Por último, la aprobación o no de los Presupuestos Generales del Estado, llevaría consigo una posible modificación de la cuota que pagan mensualmente los autónomos.

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La huelga feminista convocada para el próximo 8 de marzo es una propuesta de paro para visibilizar el impacto que las mujeres tienen en la sociedad. Es un llamamiento internacional que están liderando los colectivos feministas que ya el año pasado convocaron un paro de 30 minutos. En esta ocasión la llamada se extiende a 150 países y el paro a 24 horas.

En España se han sumado a la convocatoria los principales sindicatos, pero de manera desigual. CNT y CGT apoyan el paro de 24 horas, mientras que los sindicatos mayoritarios como UGT y CCOO han reducido la convocatoria a dos horas de paros en cada turno.

¿Es la huelga feminista una huelga general?

Lo es en la medida que está regida por los mismos derechos y deberes que cualquier huelga general convocada por los sindicatos. No lo es, desde el punto de vista de que la invitación a la participación de mujeres y hombres es desigual. Mientras ellas están llamadas al paro, a ellos los colectivos de mujeres les piden que participen facilitando el paro de las mujeres. Es decir, asumiendo las tareas laborales, de cuidados y de hogar que habitualmente realizan las mujeres. Solo si después de hacer esto tienen tiempo, también pueden participar en las distintas manifestaciones convocadas en las principales ciudades del país y que pueden ser consultados en la web del colectivo 8M organizador.

¿Necesito estar afiliada para adherirme a los distintos paros?

No. Dado que es una huelga general convocada por los sindicatos cualquier persona puede secundarla. Incluso los hombres que quieran, aunque se les haya pedido otra forma de participación.

¿Cómo se hace la huelga?

En contra de lo que sucede con una huelga general, esta no es una huelga solo laboral que [...]