Este artículo se centra en el trámite del intento de conciliación obligatoria que se debe efectuar ante los órganos de las Administraciones Públicas competentes al efecto con anterioridad a la interposición de la demanda en los juzgados de lo social, orillando otros medios de solución de conflictos tales como la mediación o el arbitraje laboral. El trámite de conciliación administrativa laboral, a menudo minusvalorado, posee y determina consecuencias jurídicas prácticas que pueden afectar de un modo sustancial al proceso judicial posterior. Los hechos expuestos en el escrito de solicitud de conciliación -papeleta-  fijarán la controversia suscitada en la demanda judicial posterior. La fecha de presentación de la  papeleta determinará el inicio del cómputo suspensivo del plazo de caducidad fijado legalmente para interponer la demanda. El acto de conciliación, de lograrse la avenencia entre las partes, tendrá una eficacia ejecutiva equivalente al de una sentencia. La falta de presentación de los interesados en el acto de conciliación también despliega importantes efectos jurídicos pudiendo determinar la caducidad de la acción judicial correspondiente. Todo ello hace que el estudio de este trámite resulte de interés práctico para todo operador jurídico que desenvuelva su actividad en el orden social, ya que en el mismo pueden originarse efectos muy relevantes que inciden tanto en el resultado de la finalización del conflicto surgido entre los interesados, como en la interposición de la demanda judicial posterior en caso de no alcanzarse el acuerdo.

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El Gobierno de Pedro Sánchez ha recuperado el debate sobre si los autónomos deben seguir eligiendo su base de cotización o deben pasar a cotizar en función de sus ingresos reales con una posible reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Después de que la ministra de Empleo, Magdalena Valerio, atendiera esta semana a una de las reivindicaciones históricas del colectivo, las principales asociaciones de autónomos no se ponen de acuerdo respecto al modelo que habría que adoptar.
Un sistema de cotización por ingresos reales llevaría consigo un aumento de la recaudación de la Seguridad Social, un alza en las pensiones de jubilación de los autónomos y el fin de la sobrecotización, pero afrontar la reforma se vislumbra complicado por la diversa tipología de profesionales, los ingresos cambiantes que perciben y la dificultad de algunos de ellos de determinar exactamente lo que ganan. Tanto es así, que el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha alertado de que “el 70% de los autónomos pagaría más que ahora” cotizando por sus ingresos reales, ya que el 86% de los 3,2 millones de profesionales por cuenta propia en España cotizan al mínimo legal. Los más beneficiados serían los autónomos cuyos ingresos reales son inferiores a la base de cotización de 932 euros, pues verían reducidas sus cuotas mensuales.

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La de Ley 6/2018, de 3 de julio, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 mantiene el objetivo de seguir reduciendo el déficit público y cumplir los compromisos de consolidación fiscal con la Unión Europea.

El texto mantiene su estructura habitual en cuanto al señalamiento de las pensiones públicas (Título IV ) y las cotizaciones sociales (Título VIII ).

Destacamos los siguientes puntos fundamentales que afectan al ámbito laboral y seguridad social:

1) Las retribuciones en el sector público suben un 1,75% (art. 18.Dos )

En consonancia con el reciente II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo 2018-2020, las retribuciones del personal del sector público se incrementan un 1,5%, al que se sumará otro 0,25% si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) en 2017 alcanza o supera el 3,1%, con efectos de 1de julio de 2018.

Incluso se podrá llegar a incrementar un 0,2% adicional, si así lo decide cada administración para determinados colectivos.

2) La tasa de reposición de las Administraciones Públicas es del 100% (art. 19 )

Igualmente en consonancia con el referido II Acuerdo Gobierno-Sindicatos, se establece una tasa de reposición de efectivos del sector público en 2018 del 100%, con limitaciones para aquellas Administraciones Públicas que no cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria, y del 115% para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Cuerpos de Policía Autonómica y Policías Locales.

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Las nuevas formas de organización del trabajo, la conciliación con la vida personal y la evolución de los hábitos sociales amplían el abanico de situaciones que pueden dar lugar a un accidente in itinere.

El accidente laboral in itinere es una figura de creación jurisprudencial aplicable sólo al desplazamiento que viene impuesto por la obligación de acudir al trabajo. De manera que lo esencial no es salir del domicilio o volver a él, aunque esto sea lo más corriente, sino ir a la oficina o volver de ella, por lo que el punto de llegada o de vuelta puede ser o no el domicilio del empleado en tanto no se rompa el nexo necesario con el trabajo.

El Código Civil señala que «las normas se interpretarán según la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas». Precisamente este artículo ha servido de base a los jueces para actualizar y flexibilizar el alcance de esta modalidad de accidente laboral, dando respuesta así a una gran variedad de situaciones que quedarían huérfanas si atendiéramos sólo a lo previsto por la norma, que considera accidentes laborales «los que sufra el trabajador al ir o volver del lugar de trabajo».

Además, la evolución del empleo y la necesidad de conciliar vida personal y profesional plantean nuevas cuestiones en torno a esta figura. Por ejemplo, el teletrabajo, cada vez más implantado en las organizaciones, ¿cómo encajaría en este concepto? Para Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas (Asnala), en estos casos el domicilio se convierte en el centro de trabajo. Por lo tanto, cualquier obligación de carácter laboral, como comer con un cliente y sufrir un accidente de vuelta al domicilio, podría considerarse accidente in itinere, a [...]

La aprobación de los Presupuestos Generales de Estado (PGE) viene acompañada de una mala noticia para los autónomos, ya que incluye una subida de casi cuatro euros para los trabajadores por cuenta propia que coticen por la base mínima.

En concreto, estos autónomos pasarán a pagar 278,87 euros al mes, lo que supone un incremento de 3,87 euros. Esto se debe a que la base mínima de cotización, que ahora está en 919,80 euros al mes, se incrementará un 1,4%, hasta 932,70 euros al mes, cuando este martes entren en vigor los PGE.

Esta subida de la cuota de autónomos también afectará a los trabajadores por cuenta propia que coticen por la base máxima, que aumentará de 3.751,26 euros a 3.803,70 euros al mes. De esta forma, la cuota que pagan se sitúa en 1.137 euros mensuales, 16 euros más que el año pasado.

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