El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha declarado discriminatoria la norma española que excluye a los trabajadores que rompan su relación laboral al rechazar un traslado con cambio de domicilio de los supuestos cubiertos por el fondo de garantía salarial (Fogasa). Es incompatible, según el tribunal, con la correcta interpretación de la directiva relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario.

Así lo establece el tribunal europeo en una sentencia hecha pública hoy, sobre un asunto seguido en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana. El tribunal valenciano conoce el caso de una trabajadora del parque temático ‘Terra Mítica’, en Benidorm (Alicante) que dimitió cuando su empresa le comunicó el traslado a otro parque temático situado a más de 450 Km, en San Martín de la Vega (Madrid). Aunque el juzgado de lo social condenó a la compañía al pago de 7.453,77 euros, la empleada tuvo que acudir a la justicia para conseguir del Fogasa el pago de parte de la indemnización que la empresa dejó pendiente al declararse insolvente. El Fogasa rechazó su petición alegando que las indemnizaciones debidas como consecuencia de la extinción del contrato de trabajo por voluntad de un trabajador afectado por la decisión de su empresario de cambiar su lugar de trabajo no se encuentran entre las que el fondo debe abonar, según el Estatuto de los Trabajadores. En estas circunstancias, los jueces, que tienen dudas sobre la compatibilidad de esta norma con el Derecho de la UE, plantearon una cuestión prejudicial al TJUE.

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Todos queremos llegar a la jubilación y disfrutarla de forma tranquila (o activa, según sea nuestro estilo de vida) pero sin sustos ni problemas económicos. Aunque a muchos aún nos falten años para retirarnos, nos asaltan dudas sobre ese momento: ¿habré cotizado lo suficiente para tener una pensión digna?, ¿debo comenzar ya con un plan de pensiones?, ¿es adecuado el que me ofrece mi empresa?

Antes de sacar la calculadora, conviene saber que todos los ciudadanos disponemos de tres vías para asegurarnos un buen retiro: el sistema de pensiones públicas, los planes individuales y los de empresa. Afortunadamente, no se trata de elementos excluyentes, sino que se pueden (o más bien, “se deben”) combinar si aspiramos a mantener el nivel de vida previo a nuestro retiro.

Y es que, por desgracia, disponer tan solo de una de estas modalidades puede resultar muchas veces insuficiente. Por ejemplo, una persona que hoy tiene 45 años y tiene un sueldo de 32.000 euros brutos anuales, cuando se jubile tras cotizar 35 años, percibirá alrededor de un 60% de su último salario. Resulta natural que se busque completar esta cantidad con algún plan que nos permita continuar con un estilo de vida similar al que hemos llevado mientras trabajábamos.

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El 1 de enero entraron en vigor algunas de las nuevas normas de la Ley de autónomos. Una de ellas está directamente relacionada con la forma en que se dan de alta los profesionales por cuenta propia. De no hacerlo siguiendo los nuevos parámetros, el profesional se expone a multas e 3.000 euros.

Anteriormente, cuando un trabajador por cuenta propia se daba de alta en Hacienda, disponía después de 30 días para darse de alta en la Seguridad Social. Sin embargo, la nueva norma especifica que el alta del profesional autónomo en la Seguridad Social no puede hacerse con posterioridad a la fecha de inicio de la actividad (que lo marca Hacienda).

Por tanto, antes de iniciar la actividad es necesario darte de alta en la Seguridad Social y, posteriormente, en Hacienda. Lo explican diferentes asesorías en sus respectivos portales corporativos, informando además que tienen constancia de que la Seguridad Social está vigilando a esta cuestión, pues se estaría cometiendo una irregularidad. Por ejemplo, desde la asesoría Grupo 2000 aseguran que la entidad comenzará inspecciones en los próximos meses, para revisar esta cuestión.

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