El sindicato ELA presenta demanda de conflicto colectivo frente a la práctica empresarial de conceder el permiso retribuido por hospitalización de parientes solamente durante los días en que el pariente está hospitalizado. Solicita que se declare el derecho de los trabajadores a disfrutar del permiso retribuido mientras el familiar no obtenga el alta médica, aunque haya obtenido el alta hospitalaria. Frente a la sentencia desestimatoria del TSJ País Vasco, recurre el sindicato en casación.

La regulación de este permiso retribuido está contenida en el ET art.37.3 conforme al cual el trabajador puede ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, «dos días por […] accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad».

Por su parte, el convenio colectivo de aplicación dispone que «Por enfermedad grave justificada u hospitalización se dispondrá de 5 días laborables si se trata del cónyuge o compañero/a o hijo/a y 2 días laborables si se trata de familiares hasta 2 grado de consanguinidad y afinidad […] Así mismo, los/as trabajadores/as tendrán derecho a dos días naturales cuando se produzca la intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad».

El TS resuelve la cuestión aplicando la doctrina enunciada en su sentencia de 5-3-12, EDJ 43835 que, interpretando normativa convencional de similar expresión y de idéntico significado, señaló que la duración del permiso por hospitalización de parientes contemplado en el convenio colectivo no se extingue con la simple alta hospitalaria si la misma no va a acompañada de alta médica. Basa su conclusión, principalmente, en los siguientes argumentos:

​a) Donde la norma no distingue no debe distinguir el intérprete, y el ET y el convenio solo hablan de hospitalización sin distinguir entre las causas que lo motivan [...]

Las organizaciones de autónomos han recogido el guante lanzado hace dos semanas por la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Magdalena Valerio puso entonces sobre la mesa la necesidad de que este colectivo cotizara en función de sus ingresos reales y que pudieran hacerlo, bien trimestralmente, bien con correcciones a lo largo del año.

En la actualidad, este colectivo tiene libre elección para fijar su base de cotización a la Seguridad Social hasta los 47 años, por lo que es habitual que opten por la mínima. De hecho, el 64% de los 3,2 millones de autónomos (incluyendo los societarios) que hay en España cotizan por la base mínima, mientras que entre los que son personas físicas el porcentaje aumenta al 85%. Una situación que genera, entre otros inconvenientes, que este sistema tenga un déficit de 6.500 millones de euros.

La Federación de Autónomos (ATA) y la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) –que representan conjuntamente a más del 75% del colectivo– presentaron ayer una propuesta conjunta para que el colectivo de empleados por cuenta propia coticen en función de sus ingresos reales a la Seguridad Social. Para ello, han planteado cinco tramos a los que se acogerían los autónomos en función de sus ingresos y que evitarían, según defienden, que tres de cada cuatro autónomos se vieran afectados o tuvieran que elevar su base de cotización. Dicho de otro modo, un 75% pagaría lo mismo, o incluso menos.

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La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha anunciado este jueves que el día 27 de julio se va a proceder al pago de los atrasos de la subida de las pensiones recogida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año.

Así lo ha señalado Valerio durante su intervención en la Comisión del Pacto de Toledo, que también ha señalado que el Gobierno está trabajando para garantizar la revalorización de las pensiones.
«Se están dando todos los pasos para poder efectuar el pago del incremento del 1,35% de las pensiones una vez ya abonado el incremento del 0,25%, que se pagó a principios de año, y esto alcanzará a 9,5 millones de pensionistas», ha señalado.
Por otro lado, respecto a las pensiones de viudedad, Valerio ha señalado que se está trabajando en el abono que supone el incremento de la pensión de viudedad tras incrementarse la base reguladora desde el 52% al 56%, en este caso con efectos a partir del 1 de agosto.

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En enero de 2017, la trabajadora solicita a la encargada del establecimiento en el que prestaba servicios disfrutar de vacaciones y permisos desde el 18 de abril hasta el 14 de mayo con el objeto de viajar a su país de origen, Colombia, por razones familiares. La encargada, tras estudiar la solicitud,  le concede las vacaciones en las fechas solicitadas: No obstante, en marzo de 2017, el dueño del establecimiento comunica a la trabajadora que, por razones organizativas, las vacaciones tienen que ser disfrutadas durante  los meses de julio y junio  y revoca las inicialmente acordadas.

A pesar de la comunicación de la empresa, la trabajadora viaja a Colombia en las fechas indicadas y la empresa le notifica su despido disciplinario por la comisión de una falta muy grave de desobediencia y transgresión de la buena fe contractual. La trabajadora presenta demanda contra el despido que es desestimada y plantea recurso de suplicación ante el TSJ.

La cuestión a debatir consiste en determinar si el incumplimiento de la trabajadora es una causa de lo suficientemente grave y culpable como para justificar el despido disciplinario.​

El TSJ de Navarra entiende que, aunque inicialmente la trabajadora pactó el disfrute de sus vacaciones en unas fechas concretas, esa concesión inicial fue posteriormente revocada, indicándose expresamente a la trabajadora que el disfrute vacacional solo podría llevarse a efecto en los meses de verano. Es decir, en cuanto que la trabajadora sí conocía la decisión empresarial sobre las fechas de disfrute de vacaciones y las razones aportadas para señalar unas fechas diferentes, su decisión de desoír la orden empresarial no fue debida a error alguno sino a una voluntad incumplidora de extrema gravedad.

Además, la empresa no ha privado a la trabajadora del derecho  a disfrutar de las vacaciones anuales retribuidas, únicamente ha establecido un calendario de disfrute distinto al pretendido que pudo y debió haber sido impugnado judicialmente por la trabajadora, que lejos de [...]