En el diseño y la implantación de las medidas de prevención de riesgos laborales, la empresa no solo está obligada a contemplar los supuestos en los que los trabajadores cumplen con las instrucciones de seguridad recibidas, sino que también debe barajar la posibilidad de que estos actúen de forma imprudente. Con este argumento, el Juzgado de lo Social número 5 de Murcia ha confirmado la sanción de 2.050 euros impuesta por la Inspección de Trabajo a una compañía de envasado de fruta, por una infracción grave de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, tras el accidente del que fue víctima una empleada (pinche aquí para acceder a la sentencia).

Según el relato de hechos probados, la trabajadora sufrió la amputación de dos de sus dedos después de que una de sus manos quedara atrapada en la máquina cortadora de frutas. Según el informe de la Inspección y los testigos que presenciaron los hechos, la afectada se acercó demasiado al aparato y, al no estar colocada la pantalla que protegía la zona de entrada de las piezas al mismo, en un descuido, sufrió el percance.

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Aunque pueda ser una práctica común y difícil de detectar, ausentarse del trabajo en base a un certificado médico falseado puede ser causa de despido, incluso si la conducta ha sido puntual y no ha supuesto una ausencia de más de 24 horas. 

Así lo ha establecido una sentencia del Juzgado de lo Social nº. 1 de Ponferrada, publicada el pasado 11 de septiembre. El fallo (disponible en este enlace) admite la procedencia del despido de un trabajador de un call center que se ausentó durante 24 horas de su trabajo con un justificante médico falseado. La sentencia considera la conducta suficiente como para entender que se rompió la confianza entre el trabajador y el empleado.

Prueba caligráfica tras las sospechas de fraude

Según los hechos, la empresa comenzó a tener conocimientos del comportamiento fraudulento del trabajador cuando un médico del centro informó del exceso de informes de asistencia en los que se solicitaba reposo de 24 horas tras consultas de diez minutos. Los trabajadores de la empresa se beneficiaban de unos permisos retribuidos cuando, por causa médica, se tuvieran que ausentar durante algunos días del trabajo. 

En vista de la situación, del todo sospechosa, el jefe de recursos humanos ordenó elaborar informes periciales calígrafos de hasta 15 posibles casos de falseamiento, que implicaban a varios de los trabajadores de la misma empresa, entre ellos el trabajador despedido. Tras analizar el informe de la perito calígrafo, y escuchar su comparecencia, el juez emitió que fue la pareja del empleado, trabajadora del centro médico, la que manuscribió sobre el documento el texto “24 h reposo”. 

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Pedro Sánchez hizo varios cambios legales en materia laboral en un amplio real decreto aprobado el pasado 28 de diciembre. Entre estas novedades estaba una rectificación de la reforma laboral del PP de 2012, que consistía en que la ley volvía a permitir a las empresas jubilar a sus trabajadores de forma obligatoria cuando estos cumplan la edad legal de jubilación.

Este tipo de cláusulas que permitían el retiro forzoso en las empresas estaban muy extendidas en los convenios colectivos, pero quedaron todas totalmente anuladas en 2012. Ahora, desde enero pasado la jubilación obligatoria vuelve a estar permitida, si bien deben cumplirse tres grandes requisitos. El primero es que el trabajador debe tener derecho al 100% de la pensión en el momento de cumplir la edad de retiro vigente en ese momento. En segundo lugar, esta modalidad de jubilación debe estar recogida en el convenio de referencia del trabajador. Y, finalmente, la empresa está obligada a tomar medidas de empleo para que los puestos no queden amortizados.

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Obstaculizar la labor de una inspección de trabajo supone un comportamiento muy grave y puede acarrear importantes consecuencias para una empresa. Así lo ha podido constatar una gestora de una residencia de ancianos, que ha sido sancionada con 62.503 euros por obstruir y expulsar de sus instalaciones a una subinspectora de la Seguridad Social en plena inspección. Este comportamiento está calificado como una infracción muy grave en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.  

La sanción del Ministerio de Empleo ha sido ratificada por la Audiencia Nacional en una reciente sentencia, disponible en este enlace.

Según los hechos, la subinspectora intentó realizar su labor de inspección y tomar declaración a los trabajadores de las instalaciones. Sin embargo, no dejó de ser interrumpida por el gerente de la empresa, que fue requerido hasta en dos ocasiones para que dejase a los trabajadores responder libremente a las preguntas de la inspectora. 

La visita comenzó en la cocina del centro y continuó en la lavandería, donde se tomó declaración a ocho trabajadores. Cuando el gerente fue preguntado por el resto de los empleados (se supone que había más de 70), la subinspectora fue acompañada hacia el exterior del complejo. Una vez fuera, el gerente cerró la puerta y no le permitieron que volviera a entrar.  

Tras el suceso, la inspectora dio cuenta de lo sucedido a la Jefatura de Inspección Provincial de Trabajo, que descartó intentar continuar con la inspección acompañados de la policía, ya que ello podría generar inquietud o ansiedad a los ancianos residentes del centro.

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