Cuando una empresa obliga a sus empleados a falsear el registro de jornada y a trabajar a tiempo completo pese a tener un contrato temporal, la indemnización por despido debe calcularse a tiempo completo. Así lo ha determinado el juzgado de lo Social nº 3 de Ciudad Real en una reciente sentencia en la que obliga a una empresa a compensar con 1.090 euros a una trabajadora o readmitirla y abonarle el salario que no disfrutó desde el cese.

La mujer ejercía como auxiliar de peluquería con un contrato a tiempo parcial (por circunstancias de la producción) de seis meses de duración para un total de 24 horas semanales y con vinculación formativa. Su sueldo era de unos 680 euros y trabajaba de lunes a jueves cinco horas cada día, los viernes desde la diez de la mañana hasta las 21:00 horas con una hora para comer y los sábados de 10 a 15:00 horas. Es decir, un total de 35 horas semanales (11 más de la que se le pagaba).

Leer la noticia completa – click aquí

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valladolid califica como nulo un despido porque determina que hubo consentimiento por parte de la empresa sobre el incumplimiento de las medidas de seguridad de una trabajadora, cuando realizaba unas maniobras con una carretilla elevadora.

Los accidentes laborales y el incumplimiento de las medidas de seguridad por parte de trabajadores configuran, en muchas ocasiones, temas de debate y análisis en los juzgados. Una sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Valladolid tiene, de nuevo, como foco esta materia: dicta que un despido es nulo cuando una empresa tolera que un trabajador incumple las medidas de seguridad requeridas en el desempeño de unas maniobras.

Los hechos ocurrieron el año pasado en un pequeño municipio leonés durante la jornada de trabajo de una empleada que manejaba una carretilla elevadora cargando una torre de palés, «permitiendo el paso de peatones durante durante la maniobra de carga, provocando un riesgo grave de accidente», según consta en la sentencia.

Leer la noticia completa – click aquí

La Inspección de Trabajo centrará sus actuaciones en las nuevas modalidades de trabajo surgidas tras la irrupción en el mercado laboral de las plataformas digitales. «Esto es un movimiento global que ha llegado para quedarse», ha señalado Irene Marín Luego, subdirectora general para la coordinación de la Inspección del Sistema de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo. «Sin embargo, nos hemos encontrado con que estas plataformas han supuesto en muchos casos una merma en los derechos de los trabajadores», ha subrayado.

Marín Luengo ha participado en el Foro Legal de elEconomista Nuevas obligaciones y oportunidades laborales y mercantiles, con la colaboración de Grant Thornton. De este modo, ha destacado que las actuaciones de la Inspección de Trabajo se centrarán en los próximos meses en estas nuevas modalidades de trabajo. «Ya ha habido un incremento del empleo aflorado de un 500% en relación con el año 2018», ha manifestado respecto al Plan de Choque puesto en marcha por el Ministerio de Trabajo.

Leer la noticia completa – click aquí

El Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado el despido por causas objetivas de los empleados que falten de manera intermitente al trabajo, aun por motivos justificados, siempre que acaben estando fuera de su puesto el 20% de las jornadas durante dos meses consecutivos.

Por 8 votos frente a 4, el TC ha desestimado una cuestión de inconstitucionalidad planteada por un Juzgado de lo Social de Barcelona, que consideró que la norma que permite despedir al trabajador que incurra repetidamente en absentismo laboral podría vulnerar los artículos 15 (derecho a la vida y a la integridad física y moral), 35.1 (derecho al trabajo) y 43.1 (deber de los poderes públicos de tutelar la salud pública) de la Constitución.

Leer la noticia completa – click aquí

Grabar a un trabajador en su puesto de trabajo con una cámara oculta mientras roba no viola su intimidad. Así lo ha determinado la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) hoy tras estimar el recurso de la Abogacía del Estado, contra la resolución de enero de 2018 (caso López Ribalda) en la que el mismo tribunal consideró vulnerada la intimidad de cinco cajeras de un supermercado que fueron grabadas con una cámara oculta mientras robaban.

En su sentencia, en la que modifica radicalmente su criterio, el TEDH determina que no considera vulnerado el artículo 8 del Convenio de Derechos Humanos en cuanto al derecho a la vida privada y familiar porque la instalacion de cámaras «se hizo a partir de una sospecha razonable». Además, considera la medida «proporcionada» por no haber sido utilizada más que para probar los supuestos hurtos de las trabajadoras.

Leer la noticia completa – click aquí