El pasado mes de enero el salario mínimo interprofesional (SMI) aumentó hasta los 900 euros mensuales fruto de un acuerdo entre el PSOE y Podemos que supuso la ruptura de un acuerdo vigente entre el Gobierno de Mariano Rajoy, empresarios y sindicatos. Fue una de las medidas estrella en el breve mandato de Pedro Sánchez que supuso un gran salto cuantitativo en la nómina de muchos trabajadores, en especial de las empleadas del hogar, en su mayoría mujeres y afectadas por esta renta. Sin embargo, pasados diez meses la estadística refleja que el incremento del 22,3% aplicado desde primeros de año, el mayor desde 1977, ha hecho estragos en forma de desempleo en uno de los colectivos más vulnerables.

Modificar el contrato y recortar la jornada laboral de la empleada para esquivar el alza y pagar lo mismo y, en el peor de los casos, despedir, son los caminos que muchos empleadores han cogido ante un incremento que algunas familias no pueden o están dispuestas a desembolsar de golpe. En apenas un mes, de diciembre a enero, la nómina de la empleada se encareció en casi 200 euros cada mes, aumento al que hay que sumar también la subida correspondiente en las cotizaciones a la Seguridad Social de la trabajadora contratada.

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En 1993, el entonces ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, hizo unas declaraciones públicas diciendo a los jóvenes que empezaran a pensar seriamente en ahorrar para pensiones privadas porque hacia los años 2020 o 2025, las cuantías de las prestaciones públicas no podrían mantenerse en tasas superiores al 80% del último salario del pensionista. Fue ampliamente criticado y hasta el presidente del Gobierno del momento, Felipe González, tuvo que salir públicamente a respaldarle.

Así lo ha recordado hoy la profesora de Sociología de la UNED e investigadora de Funcas, Elisa Chuliá, para explicar que Solbes y González se limitaron a hacer públicas las cifras que conocían y es que, a mediados de la presente década, desembarcarán en el sistema de pensiones la generación del baby boom, más numerosa y con mejores carreras de cotización y que vivirán más años, lo que hará tambalear aún más la ya maltrecha sostenibilidad de la Seguridad Social.

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Una empresa ha sido condenada a indemnizar y reincorporar a un empleado de forma inmediata por impedirle su vuelta tras un permiso.

A casi 50.000 euros asciende la indemnización que debe abonar una empresa que denegó la reincorporación de un empleado, tras dos años de excedencia voluntaria.

El trabajador solicitó el cese laboral y, antes de finalizar ese periodo, pidió su reincorporación, que le fue denegada. El juzgado de lo social de Madrid acaba de dictar sentencia a favor del empleado: condena a la empresa a volver a incorporarle de forma inmediata y a pagarle la indemnización por los daños y perjuicios sufridos, a razón de 77,13 euros diarios a partir del 31 de agosto de 2017. O, lo que es lo mismo, la suma correspondiente a los salarios que dejó de percibir durante aproximadamente dos años.

Desde 2006, el trabajador venía prestando sus servicios como programador en una compañía especializada en sistemas informáticos. En 2015, este profesional decidió pedir una excedencia voluntaria por dos años y el mismo

día de tal solicitud, la empresa le solicitó que le explicara cuáles eran exactamente sus funciones y cuáles eran la tecnología y herramientas que emplea, según se detalla en la sentencia.

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La Audiencia Nacional ha declarado que todo trabajador tiene derecho a disfrutar de una pausa de cinco minutos para el descanso visual por cada hora de trabajo efectivo, independientemente de la distribución de jornada y horario.

Con esta reciente sentencia, el tribunal resuelve un conflicto colectivo del sector Contact center, donde Comisiones Obreras (CCOO) solicitó que se declare que, de acuerdo a los términos señalados en el artículo 54 del Contact center, por cada hora de trabajo se tiene derecho a cinco minutos de pausa por pantallas de visualización de datos (PVD).

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Si un inspector requiere cierta información de una pyme, es mejor no obstruir la labor de Inspección. De hacerlo, y aunque posteriormente se colabore, las sanciones derivadas de esa obstrucción inicial llegarán igualmente. Así lo establece una sentencia de la Audiencia Nacional al condenar a una empresa por obstruir la labor de inspección. Un proceso que ha sido analizado en el blog de la compañía Sincro Business Solutions.

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