La mayoría de las festividades caen en viernes o lunes por lo que habrá más fines de semana largos que puentes de cuatro días
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La justicia reconoce el derecho a la pensión de viudedad permanente a un hombre, a pesar de no haber estado casado más de un año y no convivir de forma permanente con su esposa. La mujer falleció a causa de un cáncer.
La pareja llevaba conviviendo desde hacía tiempo y finalmente decidieron contraer matrimonio. Sin embargo, la unión duró apenas un año porque la mujer falleció a causa de un cáncer. Entonces, el esposo solicitó la prestación de viudedad permanente, pero solo se le concedió por un periodo de dos años, lo que le llevó a volver a reclamar la pensión.
La sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid acaba de ponerse de parte del hombre, reconociendo su derecho a la pensión de por vida, a pesar de que el matrimonio fue corto y, además, la pareja únicamente convivía los fines de semana, los días festivos y las vacaciones.
Ante estas circunstancias, ¿qué motivos han visto los jueces para posicionarse de su parte? En primer lugar, la existencia de una relación de pareja desde el año 1995, que finalizó en matrimonio civil en 2014. Según contempla el dictamen del TSJ, aunque sólo hubiera un año de unión (hasta 2015), la pareja mantenía una relación estable desde hacía tiempo, un hecho que el viudo ha conseguido demostrar y la justicia ha visto como razón clara para concederle la prestación permanente que solicitó.
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La nueva regulación de registro de jornada laboral impulsada este año por el Gobierno está generando serios quebraderos de cabeza al sector empresarial ante la obligación de poner en marcha un novedoso sistema de control del horario de su plantilla. Aunque el sistema está aún pendiente de implantación en el grueso de compañías, los problemas, sin embargo, también afectan ya a las pocas empresas pioneras que lo han puesto en marcha, al menos en el caso de las antiguas cajas de ahorros.
El Ministerio de Trabajo acaba de instar a las entidades financieras adheridas a la Confederación de Cajas de Ahorros (CECA), listado que incluye a CaixaBank o a Bankia, a corregir el flamante acuerdo de registro de jornada que firmaron en septiembre porque incumple algunos aspectos de la nueva regulación y de la Constitución española.
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Si existe consentimiento entre trabajador y empresa, no hay obligación de fichar al entrar y salir, pero sí de un control horario por otras vías.
Una ingeniera fue despedida por su empresa, dedicada a prestar servicios medioambientales y de limpieza en instalaciones deportivas y recreativas de varios municipios de Asturias, Cantabria y León. En la carta de despido se exponía, entre otros motivos, que no fichaba al entrar y salir de la oficina como el resto de sus compañeros. Ahora, el juzgado de lo social de Avilés declara que el despido es improcedente y obliga a la empresa a readmitir a la empleada o a indemnizarla con 76.325 euros.
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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado la sentencia dictada en primera instancia y que da la razón a la compañía de reparto a domicilio Glovo, en cuanto a la consideración como trabajador autónomo de uno de sus repartidores. La sentencia, fechada el 19 de septiembre y que ha contado con un voto particular, descarta que el demandante, un rider que prestó sus servicios a la aplicación en 2015, pueda ser considerado personal laboral y confirma su vinculación como autónomo, a través de un contrato TRADE (trabajador autónomo económicamente dependiente). De esta manera, la sentencia rechaza el recurso de suplicación interpuesto por el demandante.
Para argumentar su decisión, el TSJM explica que este tenía libertad para elegir la franja horaria en la que quería trabajar y para aceptar o no los pedidos que quisiera realizar, además de para elegir la ruta al destino del cliente; el hecho de que la actividad la realizase con sus propios medios, es decir, su propio smartphone y motocicleta y que estuviese dado de alta como autónomo; que su retribución se fijara por número de servicios y no por cantidad de horas, o la no necesidad de justificar ausencias.
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Cuando se citó a la mujer a acudir a su revisión habitual, se le comunicó que, en caso de no ir, finalizaría la prestación si no justificaba su ausencia en un plazo de diez días. Al no comparecer, se le envió a la mujer una segunda comunicación por correo, en la que se le informó de que no fue a la revisión y, por tanto, se acababa la ayuda que recibía por incapacidad.
Semanas después, la empleada finalmente reaccionó y lo hizo para enviar un comunicado a la mutua justificando que no acudió al reconocimiento porque no se le comunicó correctamente. Interpuso un recurso de suplicación, que fue impugnado por la mutua. Tras estudiar el caso, el TSJ de Santa Cruz de Tenerife es claro: ante la falta de respuesta de la empleada, la extinción del subsidio es procedente. El tribunal se fija en un punto clave: la prestación finaliza si no se justifica la asistencia a partir del día siguiente de la cita médica. La trabajadora entendió que bastaba con enviar la justificación al día siguiente a la notificación.
La sentencia del TSJ canario aclara que la ley, en este caso, es reiterativa. «En siete ocasiones el precepto reglamentario (real decreto 625/2014) señala de forma clara que el plazo de diez días para formular alegaciones computa desde la fecha del reconocimiento médico», aclara el dictamen.
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció hoy que el Consejo de Gobierno del próximo martes dará luz verde al anteproyecto de ley de deducciones fiscales para personas con familiares dependientes en el hogar, jóvenes menores de 30 años que quieran comprar una vivienda y estudiantes que necesitan pedir créditos para continuar sus estudios.
Ayuso, que hizo este anuncio en el Pleno de la Cámara regional sobre el anteproyecto de ley de deducciones del IRPF de la Comunidad de Madrid, dijo que se trata del informe que está estudiando junto al consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, para aplicar una deducción de 500 euros para descendientes por el cuidado de mayores que convivan con el contribuyente y otra del cien por cien de los intereses de los préstamos que se soliciten para costear los estudios de grado universitario, máster y doctorado.
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Los centros de inserción laboral para personas con discapacidad en Catalunya, también conocidos como CETs, han llevado este martes al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) el debate sobre cómo debe realizarse el último incremento a 900 euros del salario mínimo interprofesional (SMI). Y le han pedido al alto tribunal catalán que dirima sobre una cuestión que también se ha juzgado en otras instancias, como es el caso reciente de la Audiencia Nacional: ¿El salario mínimo se entiende como salario base o son absorbibles los complementos para alcanzar esos 900 euros?
Este martes se han sentado en el banquillo una de las patronales del tercer sector, AEES Dincat, y los sindicatos UGT y CCOO, que mediante demanda colectiva le han pedido al TSJC que arroje luz sobre esta cuestión para un sector especialmente vulnerable a la interpretación que acabe realizando. Pues en Catalunya hay actualmente 205 CETs en los que trabajan 16.333 personas, la mayoría con discapacidad y alrededor del 70% cobran el salario mínimo. El gran ausente en el juicio de este martes, aunque tampoco convocado, ha sido la Administración, pues entre la Generalitat y el Ministerio de Trabajo costean el 50% de ese SMI.
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Debido a la crisis económica muchas empresas adoptaron medidas de austeridad, y entre ellas, la de reducir gastos de personal. Para ello, en la mayoría de los casos, se «despiden» a trabajadores de más de 60 años, pactando una indemnización y reconociendo el despido como improcedente ante el servicio de conciliación, sin llegar nunca a juicio.
En estas ocasiones, las cantidades entregadas suelen ser inferiores a las que procederían de acuerdo con la normativa laboral en caso de despido improcedente. Estos trabajadores suelen aceptar la indemnización ofrecida, pues conveniene a ambas partes: el trabajador no se arriesga a que su despido pueda ser declarado procedente por el juzgado, y la empresa evita tener que probar la supuesta infracción en la que se basa el cese.
Además, el despido en estas circunstancias permite a los trabajadores obtener hasta la edad de jubilación unos ingresos superiores a los que obtendrían de seguir trabajando, a lo que hay que sumar la prestación por desempleo. Lo que se busca, en definitiva, es enlazar el desempleo con la jubilación, para ajustar luego la indemnización por despido.
Pues bien, esta sentencia de la Audiencia Nacional, publicada el pasado 3 de julio, nos recuerda que la indemnización satisfecha en estos casos, en los que se pacta un despido improcedente, las cantidades satisfechas están sujetas a tributación por el IRPF, siendo obligatorio por parte de la empresa efectuar la retención a cuenta correspondiente. Confirma la resolución dictada por el TEC que le obliga a ingresar las cantidades correspondientes a retenciones a cuenta, respecto de 15 trabajadores que fueron cesados, y cuyo despido fue reconocido como improcedente ante el servicio de conciliación.
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Falta poco para que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publique las fechas con los días festivos nacionales y los autonómicos para 2020. El año próximo habrá ocho días que serán festivos retribuidos y no sustituibles en toda España y otros cuatro de carácter autonómico. Así, en los últimos meses, las comunidades han ido publicando en sus respectivos Boletines Oficiales regionales sus días festivos. A estos 12 días que no serán laborables y que se disfrutarán de lunes a sábado, habrá que sumar otras dos jornadas festivas de carácter local, que fijará cada ayuntamiento. En total, habrá 14 días festivos en 2020.
En el próximo ejercicio tendrá dos tipos de fiestas autonómicas. Unas, aquellas que los Ejecutivos regionales podrán sustituir por festividades propias y otras que siendo fiestas nacionales, las autonomías podrán también cambiar por las suyas propias porque su celebración se traslade al lunes por coincidir en domingo.
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