El pasado mes de enero el salario mínimo interprofesional (SMI) aumentó hasta los 900 euros mensuales fruto de un acuerdo entre el PSOE y Podemos que supuso la ruptura de un acuerdo vigente entre el Gobierno de Mariano Rajoy, empresarios y sindicatos. Fue una de las medidas estrella en el breve mandato de Pedro Sánchez que supuso un gran salto cuantitativo en la nómina de muchos trabajadores, en especial de las empleadas del hogar, en su mayoría mujeres y afectadas por esta renta. Sin embargo, pasados diez meses la estadística refleja que el incremento del 22,3% aplicado desde primeros de año, el mayor desde 1977, ha hecho estragos en forma de desempleo en uno de los colectivos más vulnerables.

Modificar el contrato y recortar la jornada laboral de la empleada para esquivar el alza y pagar lo mismo y, en el peor de los casos, despedir, son los caminos que muchos empleadores han cogido ante un incremento que algunas familias no pueden o están dispuestas a desembolsar de golpe. En apenas un mes, de diciembre a enero, la nómina de la empleada se encareció en casi 200 euros cada mes, aumento al que hay que sumar también la subida correspondiente en las cotizaciones a la Seguridad Social de la trabajadora contratada.

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