Aprobada por el Congreso el pasado 15 de septiembre, publicada en el BOE el 29 y puesta en vigor el 19 de octubre, la ley ‘Crea y Crece’ supone un gran cambio para empresas y autónomos. Tal y como publican los medios de comunicación se pasará de casi 300 millones de facturas electrónicas en 2021 a cerca de 1.000 millones en 2025.

Con la nueva Ley 18/2022 de 28 de septiembre las empresas están obligadas a facturar electrónicamente a otras empresas o autónomos por la prestación de sus servicios. Esto es algo que ya sucede en el ámbito público con el envío de facturas electrónicas a la administración pública por parte de los proveedores desde 2015.

Para llevar a cabo la implantación de la facturación electrónica obligatoria, el Ejecutivo da dos plazos diferentes, a contar desde la aprobación de su desarrollo reglamentario: las empresas de menor tamaño, para las que puede suponer «un mayor esfuerzo», contarán con un periodo transitorio de dos años, mientras que las grandes, «con mayor músculo financiero», deberán encararla en una «primera etapa» de 12 meses.

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El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, defendió este jueves que en España hay perfiles suficientes para cubrir ofertas de trabajo al haber más de tres millones de parados y apuntó que si una persona que cobra un subsidio público “rechaza” una oferta de trabajo y una formación, “el país debería plantearse si debería seguir cobrándolo o no”.

“Una persona que rechaza una oferta de trabajo ofreciéndole formación, teniendo cualificaciones para poder hacerlo, es una persona que si está recibiendo un subsidio público ya sea de desempleo o de Ingreso Mínimo Vital (IMV), el país debería plantearse si debe seguir cobrándolo o no”, declaró Álvarez en un encuentro informativo organizado por el diario

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El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha convocado hoy a sindicatos y patronal a una reunión de la mesa del diálogo social para exponer la segunda y más polémica fase de la reforma de pensiones, tras asegurar el jueves que “prácticamente” ha llegado ya a un acuerdo con la Comisión Europea. En esta reunión, el ministro explicará a los interlocutores sociales el acuerdo al que habría llegado con Bruselas sobre las cuestiones que deben reformarse para que España cumpla con lo pactado con la UE en materia de pensiones y, de esta forma, pueda producirse el cuarto pago de los fondos europeos (10.000 millones de euros).

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El Ministerio de Trabajo plantea que los estudiantes en prácticas puedan seguir recurriendo a la figura de las extracurriculares, aquellas que no son necesarias para aprobar el grado y uno de los nichos donde tiene detectado mayor proporción de fraude. Si bien aboga por limitar temporalmente su uso, tal como consta en el último borrador discutido este martes con patronal y sindicatos, y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. La propuesta es que los alumnos puedan hacer un máximo de 480 horas de prácticas en un año, sean curriculares o extracurriculares, lo que equivale a 40 horas a la semana durante un trimestre o 20 horas a la semana durante un semestre. Estas tampoco podrán superar el 15% del tiempo que duren el total de asignaturas. 

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