El Tribunal Supremo ha dictado en los últimos años una variada jurisprudencia para regular cómo afecta el dinero negro a las relaciones laborales. La última sentencia del Alto Tribunal dictada, el pasado 4 de julio, recuerda a los jueces y magistrados que deberán exigir a las empresas la obligación de demostrar el pago de los salarios aunque se realice a través de la caja B de las compañías.

Los magistrados del Supremo han fijado doctrina al resolver un recurso de casación sobre las consecuencias jurídicas que deben derivarse de la aplicación de las reglas sobre distribución de la carga de la prueba recogidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, sentenciando que la aplicación de este precepto legal impone a la empresa la carga de probar el pago del salario y, al no haber aportado la mercantil prueba alguna del abono de las retribuciones reclamadas, ha de ser condenada a que realice el abono de esas cantidades al trabajador, aunque se haya pagado en negro.

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El Gobierno retrasa hasta enero del próximo año el derecho a cotizar de los becarios, una decisión ya tomada pero que ha quedado pospuesta tres meses, tal como pedían los rectores universitarios y con gran indignación por parte de los sindicatos. El aplazamiento se ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes.

Esta norma se incluyó como parte de la reforma de las pensiones, pero provocó la protesta de los rectores  universitarios. Para suavizar su oposición, el Gobierno asumió la mayor parte de la cotización, un 95% del total. Sin embargo, los rectores siguieron reclamando más tiempo para adaptarse, lo que ahora se les ha concedido. 

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El Gobierno ha rescatado en el decreto de medidas anticrisis aprobado en el Consejo de Ministros de este martes los tres permisos para cuidados de familiares o convivientes que se incluían en la Ley de Familias que no prosperó por el adelanto de las elecciones generales.

Por un lado, el Ejecutivo ha avalado un permiso retribuido de cinco días para utilizar en caso de accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que necesite reposo, tanto de un familiar de hasta segundo grado, como de un conviviente.

Por otro, el Ejecutivo ha dado luz verde al permiso «por causa de fuerza mayor», también retribuido y que se distribuirá por horas hasta alcanzar un máximo de cuatro días al año para cada trabajador.

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El Defensor del Pueblo investigará si la Seguridad Social está incurriendo o no en retrasos a la hora de remitir a las empresas los partes de baja médica de sus trabajadores enfermos. El Consell de Col•legis de Graduats Socials de Catalunya ha presentado ante la Síndica de Greuges de Catalunya sus quejas por, entre otros, cómo se está aplicando el nuevo protocolo de incapacidad temporal, en el que es la Administración quien asume la gestión del parte –en vez del trabajador- y se lo debe remitir a la empresa en un plazo máximo de tres días. Al ser una competencia estatal, la síndica lo ha elevado a su vez al Defensor del Pueblo, que por protocolo abrirá actuaciones y determinará si las mismas tienen causa o no.

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