El 12 de mayo de 2019 las empresas españolas estrenaron una nueva obligación legal: a partir de esa fecha tenían el deber de registrar el horario diario de los 16,3 millones de asalariados que existían entonces en la economía española. Este registro horario obligatorio —que tenía como objeto un mayor control de las jornadas y, sobre todo, de las horas extra, para que estas se redujeran y, en todo caso, hubiera más garantías de que se recompensaban—.

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El Juzgado de lo Social número 14 de Madrid ha concedido una incapacidad absoluta a un trabajador de la construcción que quedó impedido para cualquier tipo de tarea laboral tras sufrir covid. El desarrollo de la enfermedad le causó secuelas muy perjudicales para su salud y para su vida diaria. Así consta en la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, donde el juez reconoce al trabajador el derecho al pago de una pensión vitalicia de un 100% de la base reguladora mensual y con efectos económicos desde julio de 2020.

El covid provocó al trabajador una neumonía y una miopatía de enfermo crítico. Tras varios ingresos hospitalarios pasó de realizar tareas de chatarra en obras de construcción de edificios, a no poder desplazarse más de 100 metros sin ayuda, ni realizar trabajos sedentarios o permanecer durante periodos prolongados en determinadas posturas.

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El empresario tiene la obligación legal de llevar un registro con el horario que realizan sus trabajadores. No llevar un control de jornada puede acarrearle multas administrativas y problemas en los tribunales. Y es que, en estos casos, los empleados a tiempo parcial no tienen que demostrar que, en realidad, hacen una jornada completa para demandar la diferencia de salario. El Estatuto de los Trabajadores establece una presunción a su favor que la empresa tiene que desmontar con pruebas contundentes.

Así se desprende de una sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Toledo (cuyo texto puede consultar aquí), que declara la improcedencia del despido disciplinario de una frutera y condena además al dueño del negocio a pagarle la suma de 5.450,41 euros (más el 10 % de intereses) para compensarle por el sueldo que realmente correspondía mensualmente a la empleada. Y es que le pagaban por media jornada cuando, según el testimonio de una compañera, trabajaba 50 horas a la semana.

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El Ministerio de Trabajo y los sindicatos han firmado este jueves el Estatuto del Becario tras meses de intensas negociaciones y sin la patronal. El documento que busca regular la formación práctica no laboral en las empresas tiene como objetivo principal acabar con la figura del ‘falso becario’ y regula desde el número máximo en cada plantilla hasta los turnos y las vacaciones a las que tendrán derecho.

Tras más de un año de negociaciones, el texto que derogará la norma de 2014 que liberalizó las prácticas en plena crisis económica, iniciará ahora el trámite parlamentario para obtener la luz verde definitiva del Congreso de los Diputados como broche a la legislatura.

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La sentencia TSJ Andalucía 151/2023, de 18 de enero confirma la procedencia del despido de un trabajador que voluntariamente redujo su rendimiento como medida de presión hacia la empresa, y sugiere que el trabajador debería haber acudido a los tribunales en defensa de sus derechos, en lugar de reducir su rendimiento, ya que colocaba a la empresa en una situación de riesgo de incumplir las obligaciones contraídas con la contratista principal.

Todo comenzó cuando la empleadora intentó un cambio del sistema de incentivos debido a la competencia con otros proveedores, y el director de producción de la empresa mantuvo una reunión con los trabajadores para trasladarles lo que ya se había informado al comité de empresa, esto es, la modificación del sistema de incentivos y la opción de que la empresa rechazaría el proyecto si los trabajadores no aceptaban la modificación. Los empleados dieron como respuesta que, pese a no estar de acuerdo con la reducción, querían continuar en el proyecto, subrayando el director de producción que había que continuar con el mismo nivel de productividad, sin que nadie se opusiera. No obstante, el actor, en decisión concertada con el resto de sus compañeros, redujo su rendimiento de manera voluntaria y consciente en un 32,14 %, y mantuvo este proceder durante tres días, hasta que la empresa desistió de su intención de modificar el sistema de incentivos.

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