La incorporación de los nuevos trabajadores en plantilla al plan de pensiones de la empresa deberá ser casi inmediata. Así lo recoge la modificación aprobada ayer en Consejo de Ministros que completa el desarrollo reglamentario de la Ley de Planes de Pensiones de Empleo, que impulsa de forma rotunda el ahorro previsión en el ámbito laboral. Ese ha sido el objetivo que ha perseguido el ministerio de José Luis Escrivá en la legislatura y que ha quedado apuntalado tan solo unos días antes de la celebración de las elecciones generales.

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El Gobierno ha aprobado los permisos para conciliar contemplados en la Ley de Familias y entre ellos está el de nacimiento. Así, establece que cualquier trabajador, sea hombre o mujer, que desee disfrutar de un tiempo en exclusiva para cuidar de un hijo o hija -o de un menor acogido de entre uno y ocho años- tendrá derecho a un permiso parental de 8 semanas, pudiéndose agotar este tiempo de una vez o en diferentes etapas y a tiempo parcial o completo.

Este permiso se implantará de forma gradual, teniendo una duración de seis semanas en 2023 y ya de ocho semanas a partir de 2024.

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Si un trabajador solicita un cambio de jornada u horario por razones de conciliación, la empresa está obligada a contestar. Ahora bien, esto no significa que deba aceptar puesto que puede alegar razones para rechazar la adaptación. Además, si la empleada es mujer, el rechazo no supondrá, necesariamente, un trato discriminatorio hacia ella por razón de sexo.

Así se desprende de una reciente sentencia del Tribunal Supremo (cuyo texto puede consultar aquí) que, en contra del criterio del juzgador de la instancia anterior, considera que la denegación de la concreción horaria planteada por una trabajadora no constituye, por sí misma, un acto de discriminación.

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Los sindicatos que conforman la Inspección de Trabajo y Seguridad Social comenzarán este lunes 26 de junio una huelga indefinida para pedir al Gobierno de España «soluciones urgentes» ante la situación que está viviendo la organización.

Los sindicatos fueron convocados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social para que valoraran la última propuesta de Hacienda para modificar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del organismo.

Desde el ministerio dirigido por Yolanda Díaz aseguraron que la propuesta de Función Pública no cumplía con los compromisos que el Gobierno adquirió en el Plan estratégico de la Inspección que pasaban, según han citado, «por reforzar la estructura territorial», además de que inspectores y subinspectores «tuvieran una mejora de sus condiciones para mejorar el cumplimiento de la vigilancia de la legislación laboral».

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