El TSXG falla que no puede ser causa de despido negarse a pasar de un contrato fijo a uno fijo discontinuo
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha determinado que la negativa de un trabajador a aceptar la conversión de su contrato fijo continuo a uno fijo discontinuo sea un motivo válido para su despido.Leer la noticia completa – click aquí
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha abierto un nuevo frente dentro de la legislación laboral al considerar que un fijo discontinuo “es un trabajador a tiempo parcial”. Una calificación que los magistrados de la Sala de lo Social, recuerdan, no está recogida en el Estatuto de los Trabajadores “ni antes ni después de la reforma laboral de 2021″. En su resolución, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, y que fue hecha pública este martes, “el fijo discontinuo es un contrato laboral atípico porque no garantiza trabajar durante la jornada anual completa”. Se trata de una consideración que, de acuerdo con la perspectiva del derecho europeo, impide por ello que una empresa pueda cambiar el contrato de un empleado de indefinido a fijo discontinuo sin su aprobación.
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Desde el 2 de julio se puede pedir una nueva ayuda del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) dirigida a trabajadores del sector artístico que estén en el paro, cumpliendo una serie de requisitos.
La ayuda está dirigida a los trabajadores en paro de actividades artísticas (artes escénicas, audiovisuales y musicales), incluyendo a los técnicos y auxiliares del sector, según recoge el Real Decreto-ley 1/2023 ‘Prestación especial por desempleo de las personas trabajadoras del sector artístico y quienes realizan actividades técnicas y auxiliares’ conocido popularmente como «el paro de los artistas».
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La batalla entre autonomías por la fiscalidad deja reducido el Impuesto de Sucesiones prácticamente a cuatro CCAA. Las últimas elecciones regionales han cambiado el mapa del impuesto, tras las bonificaciones ejecutadas este septiembre por Valencia, La Rioja, Baleares y Canarias de cara al ejercicio 2023 y la anunciada por Aragón, que se llevará a la práctica en 2024. Este vuelco se ha traducido en que solo los contribuyentes de cuatro CCAA, como son Asturias, Castilla-La Mancha, Navarra y Cataluña deben pagar el impuesto (todas gobernadas por el PSOE a excepción de la última, liderada por ERC), mientras que en el resto lo tiene bonificado entre el 99% y el 100%.
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La desmotivación de los empleados es un enemigo al que tienen que hacer frente muchas empresas. Según un informe sobre el Estado del Trabajo en España en 2023, llevado a cabo por Gallup, solo el 10% de los empleados están comprometidos con su puesto de trabajo, tres puntos por debajo de la media europea, que alcanza el 13%. De este modo, 9 de cada 10 empleados apenas se esfuerzan por lograr los objetivos de las compañías que los contratan.
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El elevado gasto en pensiones continúa su puja alcista al calor de la revalorización histórica aplicada este año, del 8,5%. El montante de la nómina de las más de 10 millones de prestaciones abonadas a un total de 9,1 millones de beneficiarios ascendió en septiembre a los 12.051 millones de euros, un nuevo récord histórico. Sin embargo, el dato que más llama la atención es que esta factura es un 10,8% mayor que la abonada hace justo un año en el noveno mes del ejercicio, 2,3 puntos por encima de la subida de la cuantía de las prestaciones establecida para este 2023.
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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condena, en una reciente sentencia, a una empresa que había despedido a un comerciante a indemnizarle con 15.273€ por prescripción de las sanciones, o bien, a readmitirlo, al considerar su cese como improcedente. El trabajador incumplía sus deberes, en concreto, no entregaba los informes semanales, incumplía los trabajos que le encargaban, entregaba partes de trabajo falsos y no asistía a las reuniones laborales. La empresa decidió despedirlo, pero la Sala considera que las faltas que se atribuyen al trabajador estaban prescritas. La razón es que la empresa incurrió en una actitud tolerante y dejó pasar más de 60 días desde que tuvo constancia de la última falta.
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La petición de Unai Sordo, secretario general de CC.OO., es diáfana. Que el debate político y social en España no se limite a la hipotética amnistía, sino que se extienda a temas con tanto impacto en los ciudadanos como las hipotecas, las rentas y lo que cuesta llegar a fin de mes. “Sería bueno que este país hablara de más cosas que de amnistía sí o amnistía no”, ha afirmado Sordo en la presentación de las prioridades del sindicato para el nuevo curso político.
Ha advertido además que el planteamiento de cara a la investidura no puede agotarse en dos o tres medidas que faciliten formar Gobierno, sino que tendrá que hacerse un planteamiento de legislatura.
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La Agencia Tributaria fija nuevos criterios que reducen el tiempo contemplado en el criterio de disponibilidad para uso privado y, con ello, limitan el porcentaje de deducción en el IRPF y el IVA.
Novedades tributarias sobre la forma en que debe tributarse por los vehículos de uso mixto que las empresas ceden a sus empleados. La Agencia Tributaria detalla en una nota informativa nuevos criterios en la tributación por esta situación habitual en la que una empresa cede a un empleado un vehículo para su uso en sus labores profesionales, pero que también suele implicar su uso en el ámbito privado.
La Agencia Tributaria justifica el cambio de criterio porque «la cesión de vehículos a empleados por parte de sus empresas ha sido objeto de análisis recientemente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la Audiencia Nacional (AN) y el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), lo que ha supuesto un cambio en alguno de los criterios de aplicación de las reglas que hasta esta nueva jurisprudencia y doctrina tenía en cuenta la Administración tributaria».
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Ausentarse durante tres días del puesto de trabajo sin dar explicaciones a la empresa no es suficiente para se entienda que el trabajador tiene la voluntad de dimitir. Con este argumento, basado en la doctrina del Tribunal Supremo, resuelve el Tribunal Superior de Justicia de Canarias un caso en el que una empresa dio de baja por dimisión a un empleado que no acudió durante tres días seguidos al trabajo sin justificación (acceda a la sentencia aquí).
El tribunal canario defiende que la empresa no debió considerar las faltas de asistencia del trabajador como una dimisión o voluntad de no continuar con la relación laboral por su parte. En su lugar, el empleador podría haber sancionado ese incumplimiento de su obligación de trabajar con un despido disciplinario.
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