Ausentarse durante tres días del puesto de trabajo sin dar explicaciones a la empresa no es suficiente para se entienda que el trabajador tiene la voluntad de dimitir. Con este argumento, basado en la doctrina del Tribunal Supremo, resuelve el Tribunal Superior de Justicia de Canarias un caso en el que una empresa dio de baja por dimisión a un empleado que no acudió durante tres días seguidos al trabajo sin justificación (acceda a la sentencia aquí).

El tribunal canario defiende que la empresa no debió considerar las faltas de asistencia del trabajador como una dimisión o voluntad de no continuar con la relación laboral por su parte. En su lugar, el empleador podría haber sancionado ese incumplimiento de su obligación de trabajar con un despido disciplinario.

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Madrid, 16 sep (EFE).- El Tribunal Supremo ha abierto la puerta a que los graduados sociales puedan representar a un cliente ante la Sala de lo Social, una vez que el alto tribunal ha aceptado la personación por vez primera de una profesional de este colectivo, lo que supone atender una reivindicación histórica del gremio.

Hasta la fecha, los graduados sociales podían actuar en primera instancia, ante los Juzgados de lo Social, y en suplicación, ante la Sala de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, pero tenían vedado el Supremo, donde solo podía personarse un abogado.

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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado, en una reciente sentencia, el recurso de una empleada, gestora en una empresa de transportes, despedida por cobrar comisiones extras a sus clientes, sin que la empresa tuviese conocimiento de ello. La trabajadora demanda a la empresa por vulneración en su derecho fundamental a las comunicaciones y de su intimidad, pues la empresa tuvo conocimiento del entramado a través de las convesaciones de whatsapp de ésta con el movil del trabajo.

Para la Sala, la decisión de revisar las conversaciones no vulnera la intimidad del trabajador si en el contrato se especifica que el móvil es solo para uso profesional. Por tanto, rechaza que el despido deba ser declarado nulo. En el caso, solo se miraron los mensajes del trabajador y los clientes, por lo que queda cubierta por la empresa la expectativa razonable de privacidad.

A pesar de lo anterior, el tribunal sí declara el despido como improcedente, pues considera que las pruebas que se aportan son insuficientes para demostrar el lucro por parte de la trabajadora.

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Este año es el del gran cambio para la cotización de los autónomos, el salto de la elección de base de cotización a establecerla, tal como ocurre en el régimen general, en función de los ingresos. El nuevo sistema está en vigor desde el 1 de enero, aunque los autónomos tienen posibilidad de adaptarlo a lo largo del año, con una última ventana el 31 de octubre para que se aplique en el 2023. Hasta el momento, son medio millón de autónomos los que han modificado la base de cotización, lo que supone un 15% del total de 3,3 millones de autónomos.

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