Los sindicatos que conforman la Inspección de Trabajo y Seguridad Social comenzarán este lunes 26 de junio una huelga indefinida para pedir al Gobierno de España «soluciones urgentes» ante la situación que está viviendo la organización.

Los sindicatos fueron convocados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social para que valoraran la última propuesta de Hacienda para modificar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del organismo.

Desde el ministerio dirigido por Yolanda Díaz aseguraron que la propuesta de Función Pública no cumplía con los compromisos que el Gobierno adquirió en el Plan estratégico de la Inspección que pasaban, según han citado, «por reforzar la estructura territorial», además de que inspectores y subinspectores «tuvieran una mejora de sus condiciones para mejorar el cumplimiento de la vigilancia de la legislación laboral».

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El 12 de mayo de 2019 las empresas españolas estrenaron una nueva obligación legal: a partir de esa fecha tenían el deber de registrar el horario diario de los 16,3 millones de asalariados que existían entonces en la economía española. Este registro horario obligatorio —que tenía como objeto un mayor control de las jornadas y, sobre todo, de las horas extra, para que estas se redujeran y, en todo caso, hubiera más garantías de que se recompensaban—.

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El Juzgado de lo Social número 14 de Madrid ha concedido una incapacidad absoluta a un trabajador de la construcción que quedó impedido para cualquier tipo de tarea laboral tras sufrir covid. El desarrollo de la enfermedad le causó secuelas muy perjudicales para su salud y para su vida diaria. Así consta en la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, donde el juez reconoce al trabajador el derecho al pago de una pensión vitalicia de un 100% de la base reguladora mensual y con efectos económicos desde julio de 2020.

El covid provocó al trabajador una neumonía y una miopatía de enfermo crítico. Tras varios ingresos hospitalarios pasó de realizar tareas de chatarra en obras de construcción de edificios, a no poder desplazarse más de 100 metros sin ayuda, ni realizar trabajos sedentarios o permanecer durante periodos prolongados en determinadas posturas.

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El empresario tiene la obligación legal de llevar un registro con el horario que realizan sus trabajadores. No llevar un control de jornada puede acarrearle multas administrativas y problemas en los tribunales. Y es que, en estos casos, los empleados a tiempo parcial no tienen que demostrar que, en realidad, hacen una jornada completa para demandar la diferencia de salario. El Estatuto de los Trabajadores establece una presunción a su favor que la empresa tiene que desmontar con pruebas contundentes.

Así se desprende de una sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Toledo (cuyo texto puede consultar aquí), que declara la improcedencia del despido disciplinario de una frutera y condena además al dueño del negocio a pagarle la suma de 5.450,41 euros (más el 10 % de intereses) para compensarle por el sueldo que realmente correspondía mensualmente a la empleada. Y es que le pagaban por media jornada cuando, según el testimonio de una compañera, trabajaba 50 horas a la semana.

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El Ministerio de Trabajo y los sindicatos han firmado este jueves el Estatuto del Becario tras meses de intensas negociaciones y sin la patronal. El documento que busca regular la formación práctica no laboral en las empresas tiene como objetivo principal acabar con la figura del ‘falso becario’ y regula desde el número máximo en cada plantilla hasta los turnos y las vacaciones a las que tendrán derecho.

Tras más de un año de negociaciones, el texto que derogará la norma de 2014 que liberalizó las prácticas en plena crisis económica, iniciará ahora el trámite parlamentario para obtener la luz verde definitiva del Congreso de los Diputados como broche a la legislatura.

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