El Tribunal Supremo ha unificado doctrina y ha fijado que una caída de camino al bar para merendar en horario de trabajo es un accidente laboral porque “se debe entender como una actividad normal de la vida laboral” que, de no haber estado trabajando, no se hubiera producido. Así, el alto tribunal ha dictaminado que el tiempo dedicado a la merienda computa como horario laboral para los accidentes, aunque este se produzca fuera del centro de trabajo.

Los magistrados de la Sala de lo Social han estudiado el caso de una mujer que en noviembre de 2016 “sufrió una caída cuando se dirigía desde su centro de trabajo a un bar a merendar”. Dicha caída le provocó una “situación de incapacidad temporal” por la que luego se abrió un expediente en el que se declaró que el accidente fue laboral y que la responsabilidad era de la mutua correspondiente.

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Cuando termine la legislatura el próximo mes de noviembre, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dejará probablemente muy pocos aspectos del mercado laboral sin retocar. Si bien, aún le queda por abordar una de las más polémicas en España: el coste del despido. Aunque la ministra ya ha reiterado en numerosas ocasiones su intención de intentar negociar una reforma de este aspecto que, si se cumplieran sus planes, supondrían un cambio de paradigma en estas indemnizaciones.

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El Tribunal Supremo no ve discriminatorio que una empresa acuerde con sus trabajadores pactar menor indemnización por despido para los mayores de 60 años, condiciones que considera “razonables y proporcionadas” ya que trabajadores de esa edad están más próximos a la jubilación.

En una sentencia fechada el pasado 24 de enero a la que ha tenido acceso EFE, la sala de lo social desestima el recurso contra un fallo de abril de 2021 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que daba la razón a Elcogás, Endesa Generación, Enel Spa, Hidroeléctrica del Cantábrico, Électricité de France Internacional e Iberdrola Generación, sobre despido.

El TSJ de Castilla-La Mancha consideró que tratar de forma diferente a los empleados en función de su edad “se encuentra objetivamente justificado en la desigual situación en la que quedan unos y otros trabajadores tras la extinción de sus contratos de trabajo”, argumento que apoya el Supremo.

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La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aprovechó su comparecencia en la rueda de prensa tras la aprobación de la subida del salario mínimo en el Consejo de Ministros para reivindicar una vez más su idea de que la indemnización de 33 días, por despido improcedente como recoge la reforma laboral, dependiendo del caso podría resultar insuficiente, lo que puede denominarse como un despido a la carta.

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Para conseguir una jubilación anticipada los trabajadores deben cumplir diferentes requisitos a los que obliga el sistema como compensación por una marcha temprana del mercado laboral y, por lo tanto, la ausencia de cotizaciones que financian las pensiones.

Uno de los requisitos más importantes es el de la cotización. Como siempre al tratarse de pensiones contributivas, la normativa obliga a acreditar ciertos niveles de cotización que si bien en la jubilación ordinaria son más fáciles de conseguir (solo 15 años) en la jubilación anticipada son bastante más extensos.

Por eso, en la jubilación anticipada voluntaria se exige 35 años de cotización y en la modalidad involuntaria se obliga a cotizar 33 años. En ambas alternativas, además, se requiere la cotización durante al menos dos años dentro de los 15 anteriores a la solicitud de la jubilación.

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