Se acerca el fin de la moratoria societaria aprobada durante la pandemia. Esta medida implica una excepción a la regla según la cual las empresas con pérdidas que vean reducido su patrimonio neto a una cifra inferior a la mitad del capital social tienen que solicitar su disolución, salvo que restablezcan el equilibrio entre ambas magnitudes. En caso contrario, los administradores societarios pueden verse obligados a responder con su patrimonio de las deudas sociales. Esta “vacación societaria” resultó aplicable a las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021, pero no rige ya para 2022, lo que obliga a los administradores de sociedades en esa situación a adoptar decisiones para revertirla. Y la lupa puede revisar decisiones tomadas durante estos últimos años.

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La suspensión del contrato de trabajo exonera de las obligaciones recíprocas de trabajar y remunerar, pero eso no significa que la relación laboral se extinga. Con este argumento la Audiencia Nacional ha resuelto que los trabajadores afectados por un ERTE de fuerza mayor tienen derecho a que se computen los tiempos de suspensión y de reducción de jornada como tiempo completo de permanencia, a los efectos de la progresión y promoción profesional en todos los niveles (acceda al texto de la sentencia aquí).

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Acuerdo con los sindicatos/ Los trabajadores en prácticas no podrán exceder del 20% de la plantilla, ni pagar por su formación en la empresa. No deberán sustituir la labor de un empleado de la firma.

El Gobierno y los sindicatos han llegado a un principio de acuerdo sobre la regulación del contrato del trabajador en prácticas que, por el momento, rechaza la CEOE.

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El Gobierno ha creado un problema donde no lo había. Así opinaba hoy Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), el servicio de estudios de la patronal CEOE, respecto a las últimas reformas de la fiscalidad de los planes de pensiones privados individuales –que han ido recortando el límite de aportaciones desde los 10.000 euros anuales vigentes en 2014, hasta los 1.500 euros anuales actuales–. Estos recortes, han hecho que la capacidad de acumulación de ahorro previsional que permite el marco fiscal actual «sea menos de la mitad que en el promedio de la UE y hasta un 83% inferior a los países con mejores prácticas en esta materia», ha desvelado hoy el presidente del IEE y vicepresidente de CEOE, Íñigo Fernández de Mesa.

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Cuando una empresa despide a un empleado que ha pedido la reducción de jornada por cuidado de hijos debe aportar “una justificación objetiva y razonable” de que no es una represalia laboral, de lo contrario el despido será nulo. Así lo considera una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que condena a una empresa de transportes a readmitir a un conductor despedido tras solicitar esta medida de conciliación laboral.

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