Nuevo movimiento de cuotas de autónomos por parte del ministro José Luís Escrivá. Y con intención que sea el último para cerrar la reforma del nuevo sistema de cotizaciones de los trabajadores por cuenta propia. La nueva propuesta del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social baja las cuotas mínimas para así intentar atraer al acuerdo a Uatae, la organización más reticente en estos momentos a estampar su firma en la reforma. La cuota más baja desciende a 230 euros en 2023, a 225 euros en 2024 y a 200 euros en 2025, según el último borrador al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

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El Tribunal de Cuentas plantea que toda prestación o ayuda por desempleo, sea contributiva o no, se integre en los presupuestos de la Seguridad Social para reunificar en una única área administrativa la imputación presupuestaria de estos gastos y su pago material.

De esta forma, señala el órgano fiscalizador, se evitarían posibles disfunciones entre el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la liquidez de la Tesorería General de la Seguridad Social que, en todo caso, también podrían solventarse si las transferencias del Estado que recibe el SEPE para la cobertura de estos gastos tuvieran entrada en el circuito financiero de la Seguridad Social.

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La extinción del contrato por impago de salarios, promovida por el trabajador no da acceso a la jubilación anticipada por causa no imputable al trabajador, regulada en el artículo 207 de la Ley General de la Seguridad Social, puesto que el listado de causas incluido en la norma constituye un numerus clausus, según establece el Tribunal Supremo (TS) en sentencia de 22 de junio de 2022, que aplica la misma doctrina introducida por la sentencia de 10 de febrero de 2021, de la propia Sala de lo Social del TS.

El ponente, el magistrado Bodas Martín, considera que sostener lo contrario llevaría a desdibujar la finalidad buscada por el legislador que expresa y taxativamente ha querido centrar de forma limitada y estricta la posibilidad de acceso a la jubilación anticipada y, para ello, ha definido un concepto, elaborado ad hoc, como es el de la reestructuración empresarial, fijando y concretando el contenido y alcance del mismo.

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El Juzgado de lo Social nº 4 Gijón ha rechazado aceptar el despido disciplinario de un trabajador que, pese a su dolencia lumbar, realizaba actividades como pasear al perro, bajar a la playa o conducir una moto. El juez cree que dichas actividades no prueban que exista una simulación de enfermedad. 

Como recalca el fallo, el Supremo viene declarando que un trabajador incumple el deber de buena fe cuando la actividad que viene realizando en situación de baja laboral resulta perjudicial para su curación o es expresiva de una simulación en su situación de baja médica, pero también matiza que deben analizarse dos extremos. De un lado, que el trabajador en situación de incapacidad temporal no pueda desarrollar las tareas propias de su puesto por razón de la enfermedad, y que la efectiva curación y reincorporación al puesto de trabajo no se vea mermada por la realización de actividades durante la baja que resulten inadecuadas para lograr lo antes posible la recuperación.

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La propuesta del modelo 721 publicada el martes por el Ministerio de Hacienda, y que obligará a presentar una declaración informativa a los titulares, beneficiarios, autorizados y apoderados que operen con criptomonedas en el extranjero, suscita dudas de calado entre los expertos. El documento, que se encuentra en audiencia pública, establece que los afectados tendrán que realizar la declaración con carácter anual entre el 1 de enero y el 31 de marzo del ejercicio siguiente a aquel al que se refiera la información. A su vez, delimita la localización de estos activos, entendiendo que están en el extranjero cuando intermedia una empresa prestadora de servicios de custodia situada fuera de España. todo correcto hasta ahí. A la hora de exigir determinados datos, sin embargo, los expertos resaltan la falta de conocimiento sobre este sector de quienes han redactado el texto.

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