Para conseguir una jubilación anticipada los trabajadores deben cumplir diferentes requisitos a los que obliga el sistema como compensación por una marcha temprana del mercado laboral y, por lo tanto, la ausencia de cotizaciones que financian las pensiones.

Uno de los requisitos más importantes es el de la cotización. Como siempre al tratarse de pensiones contributivas, la normativa obliga a acreditar ciertos niveles de cotización que si bien en la jubilación ordinaria son más fáciles de conseguir (solo 15 años) en la jubilación anticipada son bastante más extensos.

Por eso, en la jubilación anticipada voluntaria se exige 35 años de cotización y en la modalidad involuntaria se obliga a cotizar 33 años. En ambas alternativas, además, se requiere la cotización durante al menos dos años dentro de los 15 anteriores a la solicitud de la jubilación.

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Uno de los problemas más acuciantes que sufre el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es la dificultad para conseguir una cita previa debido a la escasez de personal y la imposibilidad de ser atendido de forma presencial para la gestión de prestaciones por desempleo u otros trámites relacionados.

El SEPE ha intentado dar un empujón a la gestión telemática de las prestaciones (es posible solicitarlas de forma online, al igual que la demanda de empleo a través de los servicios autonómicos de empleo), pero es una opción que no siempre es viable para los ciudadanos, ya sea por ausencia de equipos para ello o por desconocimiento acerca de los trámites.

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A las 11 de la mañana se inicia la segunda reunión entre los agentes sociales y el Gobierno para abordar una subida del salario mínimo interprofesional (SMI). Las posturas de empresarios y sindicatos se mantienen inalteradas desde la última reunión de diciembre y anoche cundía la incertidumbre. Fuentes de la patronal CEOE informaron a CincoDías de que no se presentarían a la cita alegando que no hay una convocatoria formal y que no se ha estudiado su propuesta. “Quedamos a la espera que recibir formalmente una propuesta del Gobierno para poder analizarla en profundidad con nuestras organizaciones”, señalaron fuentes de esta institución.

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El Consejo de Ministros ha aprobado hoy una reforma de los incentivos a la contratación laboral, que recoge un nuevo mapa de bonificaciones para promover la contratación y el mantenimiento del empleo estable, prioritariamente colectivos vulnerables o de baja empleabilidad, como parados de larga duración, jóvenes, mujeres y personas con discapacidad. Entre los nuevos incentivos que se crean en el Real Decreto aprobado hoy está una bonificación de 275 euros al mes durante tres años por la contratación indefinida de menores de 30 años sin cualificación que estén inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

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