El año 2023 verá un incremento sin precedentes las inspecciones de trabajo, impulsadas por el uso de las nuevas tecnologías y por una serie de cambios legales que elevan tanto el margen de actuación como la cuantía de las sanciones. Las empresas denuncian la indefensión ante lo que consideran una «criminalización» de su actividad impulsada por la cercanía de las elecciones.

El último Comité Ejecutivo de la CEOE sirvió para poner negro sobre blanco el malestar de los patronal por la deriva tomada por el Ejecutivo de coalición y los partidos que la conforman, que han iniciado la precampaña con un redoblado ataque a los empresarios. En esa línea se interpretan también movimientos como acompañar la rebaja del delito de sedición pactada con ERC con el endurecimiento del castigo para los empresarios que vulneren la legislación laboral, lo que abre la puerta a penas de cárcel.

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