El Juzgado de lo Social nº 4 Gijón ha rechazado aceptar el despido disciplinario de un trabajador que, pese a su dolencia lumbar, realizaba actividades como pasear al perro, bajar a la playa o conducir una moto. El juez cree que dichas actividades no prueban que exista una simulación de enfermedad. 

Como recalca el fallo, el Supremo viene declarando que un trabajador incumple el deber de buena fe cuando la actividad que viene realizando en situación de baja laboral resulta perjudicial para su curación o es expresiva de una simulación en su situación de baja médica, pero también matiza que deben analizarse dos extremos. De un lado, que el trabajador en situación de incapacidad temporal no pueda desarrollar las tareas propias de su puesto por razón de la enfermedad, y que la efectiva curación y reincorporación al puesto de trabajo no se vea mermada por la realización de actividades durante la baja que resulten inadecuadas para lograr lo antes posible la recuperación.

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La propuesta del modelo 721 publicada el martes por el Ministerio de Hacienda, y que obligará a presentar una declaración informativa a los titulares, beneficiarios, autorizados y apoderados que operen con criptomonedas en el extranjero, suscita dudas de calado entre los expertos. El documento, que se encuentra en audiencia pública, establece que los afectados tendrán que realizar la declaración con carácter anual entre el 1 de enero y el 31 de marzo del ejercicio siguiente a aquel al que se refiera la información. A su vez, delimita la localización de estos activos, entendiendo que están en el extranjero cuando intermedia una empresa prestadora de servicios de custodia situada fuera de España. todo correcto hasta ahí. A la hora de exigir determinados datos, sin embargo, los expertos resaltan la falta de conocimiento sobre este sector de quienes han redactado el texto.

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Una persona que ejerce con un contrato de trabajo, de forma acumulativa las funciones de director y de miembro del órgano estatutario de una sociedad, no puede ser calificada de trabajador asalariado y, por consiguiente, no puede disfrutar de las garantías de un empleado, según establece el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en sentencia de 5 de mayo de 2022.

El ponente, el magistrado François Biltgen, estima que la sola circunstancia de que el trabajador ostente a la vez el puesto de director y miembro del consejo de administración, no permite excluir sin más la existencia de una relación laboral. Por ello, determina que si se prueba que es un subordinado, debe percibir los salarios impagados por la insolvencia de la sociedad.

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La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha declarado que es contrario a derecho que las empresas seguridad privada requieran a los trabajadores de nueva incorporación un certificado o declaración escrita de que carecen de antecedentes penales. 

El Alto Tribunal rechaza el recurso que presentó Securitas Seguridad España S.A. contra la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a la empresa a eliminar la práctica de todos sus centros de trabajos de solicitar a los trabajadores de nueva incorporación un certificado o declaración de que carecen de antecedentes penales en los últimos 5 años en los países en los que se ha residido. 

En línea con la sentencia ahora confirmada, el tribunal explica que los antecedentes penales son datos de carácter personal que están sujetos al deber de confidencialidad por lo que su conocimiento no es público y se trata de datos protegidos por el derecho fundamental a la protección de datos que emana tanto del artículo 18.4 de la Constitución como del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

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