El Ministerio de Trabajo y Economía Social se ha comprometido a transponer este año la directiva europea enfocada en lograr unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la UE. Aunque la aplicación llega tarde, debió hacerse antes del 1 de agosto de 2022, España desarrollará una ley para establecer los derechos mínimos aplicables a todos los trabajadores que tengan un contrato de trabajo o una relación laboral.
La nueva ley exigirá cambios al empleador en los contratos, ya que no podrá exigir exclusividad a los trabajadores, a menos que esté justificada. Según la Directiva 2019/1152, los Estados miembro deberán garantizar que el empleador no prohíba a un trabajador aceptar otros empleos fuera del calendario laboral ni tampoco podrá someterle a un trato desfavorable por ello, a menos que haya causas objetivas para la incompatibilidad como motivos de salud, seguridad, protección de la confidencialidad empresarial, integridad del servicio público o prevención de conflicto de intereses.
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