El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) emitió una sentencia en la que permitieron a una pareja de autónomos deducirse el 50% de los gastos de suministro de su hogar, ya que utilizaban la mitad de la vivienda como despacho profesional. La decisión del tribunal andaluz sienta jurisprudencia sobre lo que, hasta ahora, no se consideraban gastos deducibles y sienta las bases para que los autónomos puedan deducirse los gastos del hogar. Los expertos indican que será en el mismo porcentaje de uso de la vivienda para el desarrollo de la actividad profesional. 

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El año 2023 verá un incremento sin precedentes las inspecciones de trabajo, impulsadas por el uso de las nuevas tecnologías y por una serie de cambios legales que elevan tanto el margen de actuación como la cuantía de las sanciones. Las empresas denuncian la indefensión ante lo que consideran una «criminalización» de su actividad impulsada por la cercanía de las elecciones.

El último Comité Ejecutivo de la CEOE sirvió para poner negro sobre blanco el malestar de los patronal por la deriva tomada por el Ejecutivo de coalición y los partidos que la conforman, que han iniciado la precampaña con un redoblado ataque a los empresarios. En esa línea se interpretan también movimientos como acompañar la rebaja del delito de sedición pactada con ERC con el endurecimiento del castigo para los empresarios que vulneren la legislación laboral, lo que abre la puerta a penas de cárcel.

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Las empresas que no dispongan de un plan de igualdad no podrán acceder a bonificaciones. Actualmente, todas las empresas que tengan más de 50 empleados deberán cumplir por ley con un plan de igualdad.

Se trata de 31.300 empresas en España las que deberán disponer de un plan de estas características. Según datos de la Inspección de Trabajo, a finales de 2022 esta normativa afectaba a cerca de 229.000 trabajadores.

En el marco de los planes de igualdad las empresas pueden acceder a ayudas a la contratación. Con la obligatoriedad de realizar estos planes, las empresas deberán registrar de manera obligatoria los mismos en el registro público, el REGCON para poder acceder a las ayudas específicas.

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La obligación que tienen ahora mismo todos los trabajadores asalariados de comunicar a sus empresas los partes de baja por incapacidad temporal (IT) cuando tienen algún percance médico y no pueden trabajar tiene los días contados. El último Consejo de Ministros del año aprobó la pasada semana un Real Decreto que introdujo modificaciones en la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal (IT) en los primeros 365 días de su duración.

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El incremento del 8,5% en el importe de las pensiones que se producirá el 1 de enero para compensar la inflación media de los últimos doce meses (diciembre de 2021 a noviembre de 2022) ha disparado las consultas de cotizantes próximos a la jubilación para evaluar si, en virtud de sus circunstancias particulares, les conviene adelantar su retiro laboral antes del día 31 y beneficiarse del aumento de las prestaciones que se producirá el mes próximo.

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