El 12 de mayo de 2019 las empresas españolas estrenaron una nueva obligación legal: a partir de esa fecha tenían el deber de registrar el horario diario de los 16,3 millones de asalariados que existían entonces en la economía española. Este registro horario obligatorio —que tenía como objeto un mayor control de las jornadas y, sobre todo, de las horas extra, para que estas se redujeran y, en todo caso, hubiera más garantías de que se recompensaban—.

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