Los contribuyentes que rectifiquen sus autoliquidaciones por discrepancias con la interpretación de Hacienda ya no podrán evitar ser sancionados administrativa o penalmente, como ocurre en la actualidad, una vez que entre en vigor el Real Decreto que regula las autodeclaraciones rectificativas y que actualmente se encuentra en periodo de información pública.
El final de esta forma segura de discrepar será un frenazo para las reclamaciones sobre impuestos en los que existen dudas sobre su constitucionalidad, como ocurre con el Impuesto Sobre las Grandes Fortunas o como ha venido ocurriendo con la plusvalía municipal.
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