El Tribunal Supremo ha dictado en los últimos años una variada jurisprudencia para regular cómo afecta el dinero negro a las relaciones laborales. La última sentencia del Alto Tribunal dictada, el pasado 4 de julio, recuerda a los jueces y magistrados que deberán exigir a las empresas la obligación de demostrar el pago de los salarios aunque se realice a través de la caja B de las compañías.

Los magistrados del Supremo han fijado doctrina al resolver un recurso de casación sobre las consecuencias jurídicas que deben derivarse de la aplicación de las reglas sobre distribución de la carga de la prueba recogidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, sentenciando que la aplicación de este precepto legal impone a la empresa la carga de probar el pago del salario y, al no haber aportado la mercantil prueba alguna del abono de las retribuciones reclamadas, ha de ser condenada a que realice el abono de esas cantidades al trabajador, aunque se haya pagado en negro.

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