Para muchos trabajadores la espera hasta la jubilación es tediosa y larga, pero en el caso de determinados ciudadanos esa espera es aún mayor. La culpa no es suya, pero la normativa de pensiones española es clara en lo que resepcta a las posibilidades de adelantar la jubilación y los requisitos que hay que cumplir para poder hacerlo.

Esta es la razón por la cual algunos trabajadores no pueden acogerse a las jubilaciones anticipadas y han de esperar todo el tiempo que determina la ley para jubilarse. Son los ciudadanos que, obligatoriamente, han de llegar a la edad ordinaria de jubilación.

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Las asociaciones de trabajadores autónomos ya dan por hecha la exclusión de sus reivindicaciones en el segundo intento de reforma del subsidio del paro. El propósito de que los trabajadores por cuenta propia tengan acceso a la ayuda de ese tipo destinada a mayores de 52 años queda definitivamente fuera del debate. Desde el Ministerio de Trabajo argumentan a que «el ámbito de la reforma del desempleo asistencial es el trabajo por cuenta ajena», lo que frustra las intenciones de los autónomos.

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Los trabajadores en España son hoy más pobres que en el 2007. Su poder adquisitivo es menor del que tenían hace 16 años tanto si son empleados de base como mandos intermedios y personal directivo, según un informe de ICSA y EADA basado en una encuesta a 80.000 empleados a jornada completa y por cuenta ajena.

En concreto, el salario de los trabajadores sin cargo, que se sitúa en una media de 26.406 euros brutos al año, está un 1,3% por debajo del poder de compra del 2007. Con su sueldo pueden comprar un 1,3% menos de productos o servicios. En el caso de los directivos, que perciben una remuneración media de 88.347 euros, la pérdida es del 7,5%. Es en el caso de los manos intermedios donde el retroceso de poder adquisitivo es mayor: del 12%. Perciben de media 43.062 euros brutos al año.

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Adicionalmente, la sentencia aborda la solicitud de indemnización basada en la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE) del 14 de septiembre. El tribunal determina que se ha producido una discriminación contra el demandante por la denegación del complemento. El demandante será indemnizado con 1.800€, conforme a los parámetros establecidos por el Tribunal Supremo.

El importe total que el cliente recibirá asciende a aproximadamente 20.700,02€, compuesto por la retroactividad total calculada desde el acceso a la pensión hasta la fecha de efectos de la sentencia y la indemnización por discriminación. Además, esta victoria se traduce en una revalorización vitalicia de su pensión al 10%.

Ainhoa Martín, abogada de la sede de Unive Abogados en Bilbao y encargada del caso, ofreció su visión sobre la sentencia, destacándola como un logro histórico para aquellos que buscan salvaguardar sus derechos y resaltando su relevancia en la implementación de la reciente doctrina europea. Enfatizó que en la actualidad, únicamente aquellos que toman la iniciativa de presentar reclamaciones tienen verdaderas posibilidades de obtener el complemento y una indemnización por discriminación.

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La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dijo esta semana que el viernes iba a subir “mucho” el salario mínimo interprofesional (SMI), y el anuncio se ha cumplido. En la reunión de esta mañana con los agentes sociales, el Ministerio de Trabajo ha comunicado su decisión de un incremento del SMI del 5%, de manera que pasará de los actuales 1.080 euros al mes por catorce pagas, a 1.134 euros.  Son 54 euros más al mes. 

Una decisión que se ha tomado por acuerdo de dos de las partes, Gobierno y sindicatos, pero sin la patronal que, como estaba previsto, se ha desmarcado del consenso. El aumento de aplicará de manera retroactiva desde el pasado uno de enero y que afectará a más de 2,5 millones de personas, principalmente mujeres y jóvenes. 

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