Según ha informado este lunes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en sus redes sociales, para hacer uso de este servicio sólo se necesita acceder al portal TUSS como representante y seleccionar ‘Solicitud de viudedad, orfandad y auxilio por defunción’ dentro del apartado ‘Familia’.

Esta funcionalidad permitirá a los representantes no apoderados (cualquier representante no inscrito en el Registro de Apoderamientos) la presentación de solicitudes de pensiones de muerte y supervivencia en nombre de otros, previa autorización por los representados mediante un enlace que recibirán a través de un ‘SMS’ en su teléfono móvil.

El representante debe disponer de Certificado Digital o Cl@ve permanente y el representado debe tener su teléfono móvil registrado en las bases de datos de la Seguridad Social.

Las prestaciones por muerte y supervivencia (viudedad, orfandad o auxilio por defunción) están destinadas a compensar la situación de necesidad económica que produce, para determinadas personas, el fallecimiento de otras.

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El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), organismo dependiente del Consejo de Europa, ha resuelto que la indemnización por despido improcedente en España, que fija un tope de 33 días por año trabajado con un límite de 24 mensualidades, no cumple con lo establecido en la Carta Social Europea, según adelanta El País.

PSOE y Sumar prometieron en su programa «establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea». Sin embargo, el CEDS ha dictaminado que el Gobierno de coalición no cumple con este texto.

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La Seguridad Social ha actualizado esta Semana Santa las cotizaciones mínimas que deberán realizar las empresas y los trabajadores asalariados tras la aprobación del nuevo salario mínimo y la prórroga presupuestaria. En concreto, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha modificado la orden de cotización que ya publicó el pasado 29 de enero, cuando aún no se había aprobado el nuevo SMI (el Gobierno le dio luz verde el 6 de febrero) . Así, esta nueva orden publicada en el BOE el 28 de marzo, Jueves Santo, fija oficialmente las nuevas cotizaciones mínimas —con efectos retroactivos a 1 de enero— de los asalariados del Régimen General, de las empleadas de hogar, de los trabajadores a tiempo parcial o de los socios de cooperativas entre otros. La diferencia entre las bases oficiales publicadas en enero y estas nuevas deberá liquidarse por parte de los empresarios, según la normativa establecida para ello.

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La empresa Driver Trett, multinacional de Reino Unido dedicada a la consultoría en los sectores de la ingeniería y la construcción en 18 países, ha despedido a una de sus trabajadoras de la sede de Madrid estando embarazada de ocho meses. Al margen de la nulidad del despido, derecho por el que ya lucha junto a su abogado por estar expresamente prohibido en las normas de protección laboral de las trabajadoras a nivel europeo, el comportamiento de la empresa ha sido “denigrante y desagradable”, según el testimonio de la propia trabajadora, quien habla del tema con mucho reparo.

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El Comité Europeo de Derechos Sociales, órgano que vela porque se cumpla la Carta Social Europea, critica que España limite a los jueces la posibilidad de que los trabajadores reciban una indemnización adicional adecuada por los perjuicios causados por un despido improcedente. El Comité hace este reproche en el marco de los despidos por embarazo o durante la baja de maternidad.

Con esta conclusión ya deja entrever cuál será su resolución sobre las dos reclamaciones de CCOO y UGT de 2022 admitidas a trámite para cambiar el sistema de indemnizaciones por despido y valorar indemnizaciones adicionales, respuesta que se prevé que llegue a inicios de 2025.

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