Para la Sala de lo Social es relevante que el SEPE reconoce la prestación de desempleo hasta el 70% de reducción de jornada a pesar de que la reducción de jornada superaba el máximo del 70%, como también lo es que la reducción de jornada del 75% no fue exactamente una decisión del trabajador o de un acuerdo de este con la empresa, sino que fue acordada por esta y la representación de los trabajadores en el periodo de consultas del ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, y así fue comunicada a la autoridad laboral el 1 de abril de 2020.

Ante esta situación, el Supremo resuelve aplicando la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 26 de abril de 2018 (caso Cakarevic v. Croacia) en la que se dictaminó que se vulnera el derecho al disfrute pacífico de los bienes cuando se ordena reintegrar prestaciones por desempleo que las autoridades consideran posteriormente indebidamente percibidas porque fueron abonadas por error por la autoridad competente.

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Con la Orden ISM/386/2024, de 29 de abril, se complementa la ya aprobada con la reforma de las pensiones del año pasado que dio derecho, desde el 1 de enero de 2024, a los alumnos que realizan prácticas formativas, remuneradas o no, a que esos periodos les cuenten como cotizados.

Se reconocerán como tiempo cotizado las prácticas no remuneradas realizadas antes del 1 de enero de 2024 y las prácticas remuneradas realizadas antes del 1 de noviembre de 2011, fecha de entrada en vigor del RD 1493/2011, de 24 de octubre (art. 2).

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La Sala de lo Social del Tribunal Supremo afirma que solo es compatible cobrar la prestación de gran invalidez con un trabajo siempre que la actividad del puesto laboral sea esporádica o puntual. Asimismo, los ciudadanos deben desempeñar tareas en los no se requiera incluir a los empleados en la Seguridad Social.

El Alto Tribunal unifica doctrina con el caso de un trabajador (acceda aquí a su contenido) que prestaba servicios como peón agrícola en Andalucía. En 2017 perdió la visión y se le concedió la pensión de gran invalidez. Por sus circunstancias fisiológicas, dejó su puesto de trabajo en el campo y pasó a trabajar en la ONCE. En ese momento el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) informó al trabajador de que no podía seguir cobrando la pensión de incapacidad porque estaba generando ingresos con la venta de cupones.

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La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha firmado este martes la orden que permitirá recuperar la cotización de aquellos alumnos que en el pasado realizaron prácticas formativas, académicas externas o estudios oficiales de doctorado en programas de formación de naturaleza investigadora, tanto en España como en el extranjero.

«Quienes hayan participado en esos programas podrán suscribir un convenio especial, por una única vez, con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), que les permitirá el cómputo de esos periodos de cotización hasta un máximo de cinco años», informan desde el Ministerio.

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El ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones lanza su propuesta para mejorar las pensiones de los mutualistas de la abogacía y procuradores. Entre las novedades, el último planteamiento contempla que los nuevos profesionales colegiados estén obligados a inscribirse en el régimen Especial (RETA) a partir de 2027, «eliminando la opción de cobertura alternativa con una mutualidad, salvo en los casos de pluriactividad», según ha detallado el ministerio a través de un comunicado.

Son tres líneas maestras las que ha desvelado este viernes el departamento de Elma Saiz. Además de la anteriormente mencionada, la propuesta de Seguridad Social apuesta por equiparar las aportaciones de la mutualidad alternativa con las cotizaciones del RETA, con el fin de «garantizar la suficiencia de las prestaciones de los mutualistas». Para ello se incrementará progresivamente el importe de las cuotas a satisfacer por el mutualista, desde el 80% actual hasta el 100% de la base mínima de la escala general del régimen de autónomos.

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