La última toma de contacto de la mesa de diálogo social conminada a buscar un acuerdo tripartito para la reducción del tiempo de trabajo ha resultado en un ultimátum por parte del Gobierno para que la patronal se avenga a realizar aportaciones al borrador que el Ejecutivo entregó hace escasos días a los representantes de los empresarios y a los sindicatos como punto de partida para la reforma que pretende dar luz verde antes del parón veraniego de agosto. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, advirtió en esta línea a la CEOE tras la reunión del lunes señalando que esperarán hasta el próximo lunes 1 de julio para que la patronal eleve una propuesta por escrito a Trabajo sobre la reducción de la jornada laboral o, de lo contrario, pactarán con los sindicatos llevar el tiempo de trabajo de las 40 horas semanales a las 37,5 horas sin merma salarial.

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El pensamiento académico tradicional establece que el hecho de que un trabajador no tenga miedo a cogerse una baja demuestra su posición de fortaleza, así como la del mercado laboral al que pertenece. Sin embargo, cuando son muchos los que se ausentan (y cada vez de forma más recurrente) los gastos asistenciales del sistema crecen y el funcionamiento de las empresas se resiente. Para tratar de mantener el equilibrio —tanto de las cuentas públicas como de las privadas—, la solución pasa por reconfigurar el marco de las prestaciones por incapacidad temporal y fomentar nuevas fórmulas abran la puerta, por ejemplo, a la parcialidad. Esta es una de las reflexiones del estudio La incapacidad temporal, ausente en los documentos sobre la reforma del sistema de pensiones, elaborado por Octavio Granado, antiguo secretario de Estado de Seguridad Social, y que se ha dado a conocer este lunes dentro de las jornadas sobre el sistema público de pensiones y seguridad social organizado por Fedea.

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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha avalado la decisión de declarar procedente el despido de una empleada que se negaba a incorporarse de forma presencial a su puesto tras ser operada. Sin embargo, hacía actividades ajenas al teletrabajo e incluso se marchaba de viaje. 

Así lo han considerado los magistrados María Isabel Saiz (ponente), José Manuel Yuste y Ofelia Ruiz en la sentencia 248/2024 de 4 de abril. 

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La patronal muestra claros síntomas de saturación en lo que a los determinantes de la negociación del diálogo social planteados por el Gobierno se refiere. Tras una primera batalla infructuosa para la reforma de las prestaciones asistenciales por desempleo -que acabó resultando en un acuerdo bipartito- llegó el espejismo del pacto multilateral para la incorporación de los planes LGTBI en las empresas pero en la nueva ronda de consultas para tratar de aterrizar unos consensos mínimos sobre la reducción del tiempo de trabajo parece que será altamente complicado repetir esa última rúbrica por parte de todos los agentes sociales.

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El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha declarado improcedente el despido de un camarero de A Coruña al que echaron del trabajo tan solo 40 minutos después de presentar su baja médica.

Los magistrados dan la razón al Juzgado de lo Social nº 7 de A Coruña que estimó parcialmente la demanda del denunciante, admitiendo un abono de 408,92 euros en concepto de indemnización y el pago del salario correspondiente en caso de no hacerlo.

El hombre solicitó una indemnización mayor como víctima de una represalia por parte de la empresa. “En este caso se vulneraban derechos fundamentales contemplados en la Ley 15/2022, que contempla la igualdad de trato y no discriminación por enfermedad”, afirma Andrea Cabanas, abogada que ha defendido al empleado.

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