En la sentencia, la sala de lo social desestima un recurso de una empresa de limpiezas contra un fallo del juzgado de lo social nº 1 de Móstoles, que daba la razón a la limpiadora.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado que una empresa pueda cambiar a una empleada de centro de trabajo si el desplazamiento añade una hora y equivale al cambo de domicilio.
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El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), organismo dependiente del Consejo de Europa, ha resuelto que la indemnización por despido improcedente en España, que fija un tope de 33 días por año trabajado con un límite de 24 mensualidades, no cumple con lo establecido en la Carta Social Europea, según adelanta El País.
PSOE y Sumar prometieron en su programa «establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea». Sin embargo, el CEDS ha dictaminado que el Gobierno de coalición no cumple con este texto.
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El Gobierno ha elevado de 29,74 a 31,22 euros la cotización adicional que deben pagar los empresarios a la finalización de los contratos temporales de menos de 30 días como consecuencia del aumento de las bases mínimas de cotización en un 5% para este año. Esta penalización, que se estableció en la reforma laboral para combatir la temporalidad y la rotación laboral, se calcula en función de la base mínima de cotización diaria del grupo 8 (oficiales de primera y segunda), que al igual que el resto de bases mínimas se ha incrementado un 5% para 2024, en consonancia con el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) en la misma cuantía.
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La Seguridad Social ha actualizado esta Semana Santa las cotizaciones mínimas que deberán realizar las empresas y los trabajadores asalariados tras la aprobación del nuevo salario mínimo y la prórroga presupuestaria. En concreto, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha modificado la orden de cotización que ya publicó el pasado 29 de enero, cuando aún no se había aprobado el nuevo SMI (el Gobierno le dio luz verde el 6 de febrero) . Así, esta nueva orden publicada en el BOE el 28 de marzo, Jueves Santo, fija oficialmente las nuevas cotizaciones mínimas —con efectos retroactivos a 1 de enero— de los asalariados del Régimen General, de las empleadas de hogar, de los trabajadores a tiempo parcial o de los socios de cooperativas entre otros. La diferencia entre las bases oficiales publicadas en enero y estas nuevas deberá liquidarse por parte de los empresarios, según la normativa establecida para ello.
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A la espera de conocer la decisión definitiva del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) sobre el coste del despido en España, todo apunta a que la resolución disparará la cada vez mayor judicialización de los ceses. Sin embargo, los despachos de abogados están detectando que los conflictos legales se orientan hacia una nueva dirección: la gran mayoría de las demandas ya no buscan una mayor indemnización, sino que se declare directamente nulo. Un giro de guion que pone en jaque la estrategia ‘clásica’ seguida por muchas empresas para prescindir de sus trabajadores.
En los últimos cuatro años, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha impulsado muchas «prohibiciones» de despedir por motivo de la pandemia y la guerra de Ucrania que, tal y como ha reiterado el Supremo, no eran tales porque la norma no decretaba la nulidad. Como mucho suponían la improcedencia, es decir, un despido más caro, pero perfectamente posible.
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La empresa Driver Trett, multinacional de Reino Unido dedicada a la consultoría en los sectores de la ingeniería y la construcción en 18 países, ha despedido a una de sus trabajadoras de la sede de Madrid estando embarazada de ocho meses. Al margen de la nulidad del despido, derecho por el que ya lucha junto a su abogado por estar expresamente prohibido en las normas de protección laboral de las trabajadoras a nivel europeo, el comportamiento de la empresa ha sido “denigrante y desagradable”, según el testimonio de la propia trabajadora, quien habla del tema con mucho reparo.
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Desde la entrada en vigor, el pasado 1 de enero, del derecho a cotizar de decenas de miles de becarios, que hacían prácticas pero no recibían remuneración por ellas, la Seguridad Social ha registrado un total de 366.798 nuevas altas, que se suman a los cerca de 95.000 cotizantes que ya estaban afiliados, porque sí recibían un pago. Son los datos que ha trasladado este viernes Comisiones Obreras, tras el Consejo General de la Seguridad Social, en el que el ministerio ha informado de estas cifras, sin concretar por comunidades autónomas y con algunas todavía rezagadas.
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El Comité Europeo de Derechos Sociales, órgano que vela porque se cumpla la Carta Social Europea, critica que España limite a los jueces la posibilidad de que los trabajadores reciban una indemnización adicional adecuada por los perjuicios causados por un despido improcedente. El Comité hace este reproche en el marco de los despidos por embarazo o durante la baja de maternidad.
Con esta conclusión ya deja entrever cuál será su resolución sobre las dos reclamaciones de CCOO y UGT de 2022 admitidas a trámite para cambiar el sistema de indemnizaciones por despido y valorar indemnizaciones adicionales, respuesta que se prevé que llegue a inicios de 2025.
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El Tribunal Supremo ha establecido que debe ser la empresa —y no la Seguridad Social— la que debe hacerse cargo de la baja médica de una empleada que sufrió un accidente no laboral y a la que la compañía no tenía dada de alta en el sistema. En una sentencia fechada el pasado 21 de febrero, y conocida ahora, la Sala de lo Social rechaza el recurso de una empresa contra un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de mayo de 2020.
El caso se remonta a septiembre de 2014, cuando una trabajadora, que desempeñaba labores de comercial desde junio de ese año, sufrió fuera de su horario laboral una fractura por la que causó baja hasta mayo de 2015. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) denegó en aquel momento la prestación porque la trabajadora no estaba de alta o situación asimilada en el sistema cuando sucedieron los hechos.
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El calendario laboral volverá a recoger en España en 2024 un total de 14 días festivos no recuperables, remunerados y de carácter obligatorio. De todos ellos, 12 festividades son nacionales y autonómicas y otras dos de carácter local, que fijan habitualmente cada uno de los ayuntamientos del país.
De los 12 festivos nacionales y autonómicos, 8 de ellos son de carácter obligatorio y no sustituibles por las comunidades: 1 de enero (Año nuevo); 29 de marzo (Viernes Santo); 1 de mayo (Día del Trabajo); 15 de agosto (Asunción de la Virgen); 12 de octubre (Fiesta Nacional); 1 de noviembre (Todos los Santos); 6 de diciembre (Día de la Constitución), y 25 de diciembre (Día de Navidad). En caso de que uno de estos días fuera domingo, las regiones podrían decidir trasladarlo al lunes, pero eso no ocurre con ninguna de estas festividades en 2024.
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