El Comité Europeo de Derechos Sociales ha aceptado a trámite la reclamación que presentó el sindicato UGT a principios de año sobre la regulación del coste de las horas extraordinarias, ya que la normativa actual no establece un sobrecoste de las mismas, contraviniendo la Carta Social Europea.

En la decisión, a la que ha tenido acceso ECONOMÍA DIGITAL, el Comité notifica al sindicato que la reclamación es «admisible» y abre ahora un plazo hasta el 21 de julio para que las partes involucradas, entre ellas el Gobierno y la patronal, puedan presentar alegaciones.

El sindicato presentó su reclamación a principios de año donde hacía notar que el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 35, no establece que las horas extra tengan que ser retribuidas con un sobrecoste, mientras que la Carta Social Europea, en su artículo 42, insta a que este tiempo adicional tenga que tener una remuneración superior.

Además, la central, dirigida por Pepe Álvarez, alegó que esta ‘laguna’ afectaba sobre todo a las mujeres, como demuestran las estadísticas oficiales: solo el 45% de las mujeres son recompensadas por sus horas extra, frente al 55,6% de los hombres.

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Después de un mes de polémica por la orden ministerial que incluía las condiciones de suscripción del nuevo convenio especial con la Seguridad Social mediante el que se podrán rescatar los años de cotización como becario previos a 2011, cuando ni las prácticas pagadas ni las no remuneradas contabilizaban para a efectos de vida laboral para la jubilación. Ahora, tras las críticas por parte de los trabajadores interesados en la medida por el elevado coste que se imputaba para poder rescatar estos años de cotización y tras varias reuniones mantenidas en la mesa de diálogo social para buscar un arreglo a la situación, los sindicatos anunciaron este lunes un principio de acuerdo con el Gobierno sobre los requisitos que se incluirán para la suscripción de este nuevo convenio especial, que sustituirá al que entre en vigor en los próximos días y que cuenta con condiciones más favorables.

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Los detectives privados no pueden investigar a sus objetivos en sus domicilios particulares. Sin embargo, una sentencia acaba de exceptuar de esta regla las partes exteriores de las viviendas, como las azoteas, cuando los hechos inspeccionados puedan observarse desde la calle.

Así se desprende de un reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Canarias (cuyo texto puede consultar aquí), que declara lícito el informe de un detective que vigiló, exclusivamente, la azotea de la casa de un trabajador que estaba de baja. El tribunal concluye que los hechos informados eran fácilmente visibles desde el exterior y, por ello, no resultó afectada la intimidad del vigilado. El informe sirvió para que su empresa lo despidiera, pues fue sorprendido realizando trabajos de albañilería durante una baja médica.

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La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) confirma la sentencia nº 142/2023, de 28 de noviembre, del Juzgado de lo Social único de Eibar que reconoció el derecho de un trabajador a recibir una indemnización adicional de 30.000 euros por daños y prejucios, además de la compensación económica por despido improcedente de 493,49 euros. 

La sentencia resuelve el caso de un trabajador que cesó de un empleo indefinido en la empresa Roda Iruna, S.A. para comenzar una nueva etapa laboral como técnico de personal del ayuntamiento de Oñati, que le prometió un contrato de al menos un año y máximo hasta tres. Sin embargo, al mes extinguieron su contrato de forma verbal argumentando un error en la contratación, lo que conforme a la normativa nacional supone una indemnización tasada en 493,49 euros. Compensación que el trabajador consideró insuficiente para la reparación de los daños y prejuicios.

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Para la Sala de lo Social es relevante que el SEPE reconoce la prestación de desempleo hasta el 70% de reducción de jornada a pesar de que la reducción de jornada superaba el máximo del 70%, como también lo es que la reducción de jornada del 75% no fue exactamente una decisión del trabajador o de un acuerdo de este con la empresa, sino que fue acordada por esta y la representación de los trabajadores en el periodo de consultas del ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, y así fue comunicada a la autoridad laboral el 1 de abril de 2020.

Ante esta situación, el Supremo resuelve aplicando la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 26 de abril de 2018 (caso Cakarevic v. Croacia) en la que se dictaminó que se vulnera el derecho al disfrute pacífico de los bienes cuando se ordena reintegrar prestaciones por desempleo que las autoridades consideran posteriormente indebidamente percibidas porque fueron abonadas por error por la autoridad competente.

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