El Gobierno continúa labrando el terreno para lograr un acuerdo amplio, incluyendo a patronal y sindicatos, para la reducción de jornada laboral a las 37,5 horas semanales. Tras haber realizado un primer guiño a los empresarios en el último borrador trasladado a los negociadores hace una semana, el Ministerio de Trabajo confirmó este miércoles que ya se trabaja en la estipulación de un periodo transitorio para la incorporación de la ley en las empresas, si bien queda para siguientes encuentros el desarrollo de esta vía de flexibilización de la aplicación de la ley, sobre la que el gabinete de la vicepresidenta Yolanda Díaz se ha comprometido a plasmar en un documento, por escrito.

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La justicia europea ha aclarado las dudas sobre qué pasa cuando los trabajadores de una compañía son despedidos como consecuencia de la jubilación del empresario. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado una sentencia este jueves en la que ha determinado que esta situación debe ser tramitada como los despidos colectivos y, por tanto, es necesario que se abra un periodo de consultas para intentar, al menos, atenuar las consecuencias de la extinción de los contratos de trabajo. En este sentido, indica que la legislación española es contraria a la normativa europea porque limita los despidos colectivos a aquellos que se dan por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción y no a los que tienen lugar por iniciativa del empleador y por causas ajenas a la voluntad de los trabajadores.

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El ministro abre la puerta a plantear un mayor periodo transitorio de adaptación y a incrementar de forma selectiva las horas extraordinarias en los sectores más afectados

La patronal ve complicado que Trabajo recoja el guante de sus propuestas, aunque el ministro Carlos Cuerpo ve margen en la distinción sectorial

Yolanda Díaz hará una nueva oferta a CEOE y Cepyme para ablandar la postura de los empresarios y tratar de sumarles al acuerdo

Los empresarios dicen basta y exigen el cese de las injerencias del Gobierno

Pocas horas después de la publicación del duro manifiesto abanderado por Cepyme contra el «intervencionismo» del Gobierno en la empresa, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, salió al corte de la escalada dialéctica de las últimas horas con una exposición de motivos sobre algunos elementos cruciales de la negociación para la reducción de jornada que dista de las tesis que el Ministerio de Trabajo trata de implantar.

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El Tribunal Supremo (TS) concluye que el plazo que tiene un trabajador para reclamar el despido es hasta las 15 horas del día 21 desde que se produce el mismo.

El Alto Tribunal ratifica así su sentencia del 26 de mayo de 2015 y estima el recurso de una trabajadora a la que tanto el Juzgado de lo Social de Plasencia (Cáceres) como el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE) impidieron la reclamación al considerar que la acción estaba caducada ya que se presentó 22 días después, cuando el Estatuto de los Trabajadores (ET) estipula que el ejercicio de la acción caducará a los 20 días del despido.

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Tras más de un año sin consensos en la mesa de diálogo social que congregaran a patronal y sindicatos, el Gobierno amarró recientemente una de los pocos acuerdos que contarán con la rúbrica tanto de las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, como de UGT y CC.OO. Sin embargo, el éxito de la negociación que trata de escenificar el Ministerio de Trabajo con la rúbrica del protocolo que deberán tener los centros de trabajo para garantizar la igualdad LGTBI es diluido por la patronal que rebaja el pacto a un mero acuerdo de mínimos sobre una materia altamente sensible en la que todas las partes muestran compromiso.

De hecho, fuentes empresariales consultadas por ABC señalan que el problema sobre este acuerdo no es tanto de calado económico, aunque también implique un cierto coste armar las estructura negociadora en de los convenios colectivos para incorporar estos planes como conmina la norma sino que supone una nueva tarea en materia de negociación colectiva que se añade al abanico de aplicaciones legislativas que ha forzado el Gobierno en los últimos años con la aprobación de casi una treintena de modificaciones tras la reforma laboral.

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