El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) concluyó que la legislación española estaría vulnerando el artículo 24 de la Carta Social Europea que garantiza el derecho de los trabajadores a una protección adecuada en caso de despido improcedente. El organismo comunitario determinó, como respuesta a una demanda presentada por UGT, que la compensación nacional no es suficiente para cubrir los daños que sufren los trabajadores despedidos y, además, no tiene un efecto disuasorio para los empleadores. Esta resolución ha abierto un debate en el Gobierno de coalición, con el Ministerio de Trabajo considerando que sería oportuno dar otra vuelta a la reforma laboral del 2021, pero con el Ministerio de Justicia concluyendo que España ya cumple la carta europea.

Leer la noticia completa – click aquí