El Gobierno de coalición no ha tardado ni una semana en poner en evidencia las profundas discrepancias entre la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, y la segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Lo hace además en una materia tan sensible como los subsidios por desempleo. La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Comercio y Empresa está negociando en Bruselas una reforma que no solo choca con los planes de la ministra de Trabajo para la nueva Legislatura, sino que supone una rectificación de buena parte de la hoja de ruta seguida por el Ejecutivo hasta ahora.

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La madre vio rechazada su solicitud porque la guardería en la que estaba matriculado su hijo no constaba en el listado de centros autorizados de educación infantil por el Principado de Asturias.

“Esta deducción por maternidad es de carácter estatal, no es una competencia de las comunidades autónomas como lo son los requisitos para ser centro autorizado, y en este caso se estaría quitando esa competencia estatal para ser autonómica”, detalla María Benito Calvo, letrada de la Asociación Gastos Guardería IRPF, que ha representado a la madre.

Además, la sala aclara que la Ley Orgánica de Educación (LOE) no menciona a las guarderías a la hora de establecer los diferentes niveles educativos. “Las guarderías no se consideran centros de educación, son centros de atención y cuidado infantil y, por tanto, no necesitan autorización de carácter educativo, sino que es la Administración local la competente en la autorización de su apertura y funcionamiento”, detalla la sentencia.

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La ambición reformista de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no parece que vaya a ceder en la próxima legislatura, a tenor de las numerosas propuestas de cambios laborales que logró incluir en el acuerdo de Gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar.

De la extensa agenda incluida en este acuerdo lo primero que previsiblemente tiene la intención de ejecutar Diaz es la negociación con empresarios y sindicatos de una nueva subida del salario mínimo interprofesional, situado en 1.080 euros al mes en 14 patas tras haber aumentado un 47% en la legislatura pasada. Esta negociación que no es vinculante (el Gobierno solo tiene que consultar a los interlocutores sociales) no será fácil, para empezar. Entre otras cosas porque su intención no se solo aplicar un nuevo incremento sino blindar en el Estatuto de los trabajadores que esta renta crezca siempre acompasad con el 60% del salario medio para garantizar su poder adquisitivo.

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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en su sentencia de 7 de septiembre de 2023, ha desestimado el recurso interpuesto por Edemiro, fontanero que trabajaba como autónomo, contra el empresario Eusebio (nombres ficticios), que petendía la calificación de su cese por la jubilación del empresario como despido improcedente. El tribunal resuelve que no se puede calificar el supuesto de despido si el empresario está en situación de jubilación plena.

Según los hechos probados, el empresario informó al trabajador de que su contrato finalizaba el 30 de junio de 2022 por jubilación. Del mismo modo, formalizó la baja en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en dicha fecha. El INSS dictó resolución el 2-9-22 en la que resuelve reponer al porcentaje de la base reguladora de la pensión de jubilación del demandado por cese en el desempeño de trabajo con fecha de efectos de la modificación de 1-7-22, reconociendo una prestación de jubilación del 100 % (anteriormente percibía pensión de jubilación activa, teniendo derecho a una prestación del 50%). El trabajador firmó el documento de liquidación y finiquito, donde consta que el motivo de la baja es la jubilación del empresario. 

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La patronal catalana Foment del Treball ha realizado un llamamiento a los empresarios para que mejoren las condiciones laborales de sus empleados y les suban los sueldos. «La media de nuestros salarios es baja y entre todos deberíamos aumentarla», ha declarado el director de gabinete de presidencia, Jordi Casas. La entidad empresarial ha presentado este miércoles un manifiesto titulado ‘Buenos empleos, democracia, crecimiento y bienestar en el siglo XXI’, en el que aboga por democratizar el «trabajo decente» como «legitimador del buen capitalismo y el sustento indispensable de la democracia parlamentaria».

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