A finales de enero, elTribunal Constitucional declaró constitucional lareforma laboral, pero antes y después de esa fecha otros tribunales han echado por tierra numerosos planteamientos de la ley y sobre otros preceptos han tenido que sentar doctrina. Esta discrepancia no es frecuente, pero, de hecho, la labor de los jueces ha marcadolíneas rojas en lanorma laboral, razón por la que los empresarios vuelven a la carga para conseguir más facilidades en el despido.

La ultraactividad -la vigencia del convenios cuando ha caducado-, las causas del despido colectivo, el descuelgue o inaplicación delconvenio, el reparto de la jornada laboral o el despido en el sector público, son algunas cuestiones sobre las que el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional o los tribunales superiores de las autonomías han sentado doctrina, en la mayoría de las ocasiones contraria al espíritu que quiso dar el autor de la reforma y a lo que el Gobierno pretendía.

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«En materia laboral no está todo hecho, aún hay que adecuar más la realidad a la legalidad», ha asegurado hoy el presidente de CEOE, Juan Rosell, durante la asamblea anual de esta organización. Con ello se refería a que los empresarios siguen demandando cambios legales «que permitan a las empresas reestructurarse, adaptarse a la realidad».

En otras palabras, Rosell ha demandado mayores facilidades para que las empresas puedan despedir y bajar salarios a sus trabajadores «antes que cerrar». En su opinión, aunque la reforma laboral ya avanzó en dar mayor flexibilidad al empresario para hacer reestructuraciones internas, estos últimos cambios «no serán suficientes cuando se han destruido 250.000 empresas en la crisis».

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El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un informe, que remitirá la próxima semana al la comisión del Pacto de Toledo en el Parlamento, con su propuesta de aumentar las pensiones de las mujeres con dos o más hijos entre un 5% y un 15%. Así lo ha anunciado la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, donde ha precisado que la iniciativa trata de premiar «no solo la contribución económica de estas mujeres sino también su contribución demográfica».

En concreto, la intención del Gobierno es que este incremento se aplique a todas las madres que se jubilen a partir del próximo 1 de enero de 2016. Así, aquellas mujeres con dos hijos que se retiren a partir del próximo año verán incrementada su pensión un 5%; las que tienen tres hijos, un10% y las que han tenido cuatro o más hijos, un 15%. Estos incrementos se aplicarán no solo a las nuevas pensiones de jubilación sino también a las de viudedad e incapacidad que se den de alta a partir del próximo año.

Según los cálculos iniciales del Gobierno en 2016 se podrán beneficiar de este aumento de la pensión un total de 123.000 mujeres, lo que tendrá un coste en el año de 51 millones  de euros. Esto arroja una media de 414 euros más al año o 30 euros más al mes. Los efectos de este complemento se mutilplicarán en los años siguientes con 241.000 beneficiarias en 2017, 350.000 en 2018 y 455.000 en 2019.

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El visado de residencia para inversores extracomunitariosdará derecho a sus titulares no sólo a vivir sino también a trabajar en España. Estos visado se conceden no sólo a quienes invierten en deuda pública, fondos de inversión o sociedades de capital, sino también a quienes adquieren una vivienda de más de medio millón de euros.

Así consta en una de la treintena de enmiendas parciales que elPP ha registrado en el Congreso al proyecto de ley de segunda oportunidad, y que modifica varios aspectos de los visados de residencia para inversores, que el Gobierno creó en el 2013 mediante la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización.

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l Servicio de Empleo de Cataluña (SOC) ha archivado los expedientes a unos 10.000 parados a los que reclamaba la devolución de por lo menos un mes de prestación por no renovar la demanda de empleo entre mayo y agosto de 2013. El Departamento de Empresa aseguró ayer que tomó la decisión a instancias de una resolución del Síndic de Greuges y una moción del Parlament aprobada el pasado mes de febrero.

Miles de catalanes comenzaron a recibir el año pasado cartas del SOC en las que se les informaba de que podían ser castigados por no haber sellado el paro entre el 24 de mayo y el 3 de agosto de 2013, cuando eran beneficiarios de la prestación por desempleo. La sanción mínima correspondía a la supresión de una mensualidad. Una pena bastante dura para la mayoría de afectados, pues muchos ya habían agotado la ayuda cuando fueron notificados, según denunció entonces UGT.

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