La Justicia impide en muchos casos despedir a empleados que han pasado por prisión o que están siendo investigados. Mantenerlos en plantilla exige extremar las medidas de prevención de riesgos penales.
La posibilidad de contar en la plantilla de la empresa con un trabajador que haya sido condenado en un procedimiento penal o que esté siendo investigado por la comisión de un delito -la antigua imputación- puede plantear problemas a la compañía desde el punto de vista laboral, pero también desde la perspectiva de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
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