La Seguridad Social paga actualmente 2,17 millones de pensiones de viudedad a mujeres y 2,16 millones de pensiones de jubilación a trabajadoras ya retiradas. En concreto, según los últimos datos de la nómina de las pensiones a 1 de marzo, hechos hoy públicos por el Ministerio de Empleo, el sistema abona 15.000 prestaciones de viudedad más que de jubilación a mujeres.

Según las cifras conocidas hoy, la pensión media de jubilación que cobran las trabajadoras retiradas es de 774,92 euros mensuales mientras que la prestación media de viudedad asciende a 657,53 euros al mes. Si bien hay que precisar que un buen número de perceptoras de pensiones reciben ambos tipos de prestación. Así lo indican los datos oficiales que señalan que se pagan 9.459.746 pensiones de todo tipo a 8.598.985 pensionistas, lo que significa que aproximadamente un millón de personas compatibilizan dos tipos de prestación y la inmensa mayoría son mujeres.

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Las grabaciones efectuadas por las cámaras de videovigilancia en el lugar de trabajo son ya una prueba fehaciente en los tribunales de lo Social para causas de despido. Si bien en el año 2000 una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) ratificó la validez de este medio como prueba, cada caso planteado desde entonces ha dado pie a diferentes interpretaciones y a resoluciones judiciales dispares. No obstante, la coincidencia en los últimos meses de dictámenes en los que se ha aceptado como demostración válida de causa de despido las imágenes registradas por una cámara de seguridad han instado al Supremo a resolver que era preciso unificar la doctrina.

El último fallo del pleno del Tribunal Supremo, a instancias de una defensa realizada desde el despacho de abogados Grupo Gispert, en Barcelona, va más allá y no sólo resuelve un caso, sino que además establece como criterio definitivo que las imágenes obtenidas con una videocámara instalada en un lugar de trabajo son válidas como prueba para encausar a un empleado, a pesar de que éste no haya dado su consentimiento explícito para la grabación. Basta que, como indicó en su momento el TC al flexibilizar los requisitos, los trabajadores y sus respectivos representantes laborales hayan sido informados de la presencia de las unidades de filmación y de su ubicación -a modo orientativo- por la simple existencia de los carteles correspondientes.

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El Tribunal Supremo (TS) avaló la semana pasada por primera vez que se subcontraten servicios en una huelga. Concretamente, dictaba que la empresa de andamios Altrad no había vulnerado los derechos de los trabajadores por el hecho de que dos clientes suyos contrataran a terceros los trabajos que no iba a poder realizar debido al paro.

Inmediatamente estalló el debate: ¿estaba el alto tribunal vulnerando el derecho a huelga? Según su argumento, no, porque Altrad comunicó a sus clientes la dificultad de atender los encargos de instalar andamios y dispositivos de seguridad, y ante eso los clientes utilizaron de forma puntual los servicios de otras empresas.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, afirmó que el aval que se daba a esos clientes con la sentencia simplemente contribuía a coordinar el respeto al derecho de huelga y la libertad económica de las empresas. UGT, por su parte, tampoco veía un cambio de criterio y CCOO aseguró que no se estaba admitiendo “sin más” el “esquirolaje”.

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Una de cada seis personas ha tenido, tiene o tendrá como mínimo un episodio depresivo a lo largo de su vida. Al menos en lo que respecta a los países occidentales, según las estimaciones de la OMS. Además, la inmensa mayoría de ellos, en un 86%, están o estarán en edad de trabajar. Y lo que es más grave: dentro de esta franja, el 10% padecerá esta enfermedad una vez al año, con una duración media de 35,9 días por episodio, perjudicando su rendimiento laboral. Se estima que la depresión le cuesta a la UE en torno a 92.000 millones de euros, principalmente debido al impacto en la productividad. “Aunque la depresión se haya banalizado, es una enfermedad grave que hay que tratar”, explicó ayer el profesor Jerónimo Saiz, jefe de servicio de Psiquiatría del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, durante la presentación del Informe de expertos para un mejor abordaje de la depresión en el ámbito del trabajo, elaborado por un grupo de expertos en colaboración con la firma danesa Lundbeck.

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El nuevo Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros, sustituye al anterior de RD 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral.

Con esta norma se da cumplimiento a la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modificó la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) en relación con el régimen jurídico de las actualmente denominadas mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

Los objetivos son agilizar y simplificar el proceso de solicitud, reconocimiento y abono del incentivo, implantar un sistema objetivo centrado en el comportamiento de la siniestralidad, y, por último, incentivar la adopción de medidas y procesos por parte de las empresas que contribuyan de manera eficaz a la reducción de accidentes o enfermedades profesionales.

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