El Supremo le ha negado el derecho a cobrar el desempleo a un trabajador que prestó sus servicios en una empresa sin disponer de permiso de residencia o de trabajo y que, tras ser despedido, pretendió que se le concediera dicha prestación.

El trabajador estuvo contratado en Barcelona, sin disponer de permiso de residencia ni de trabajo, durante 300 días. Luego, cuando en marzo de 2010 los obtuvo, fue contratado de acuerdo con la legalidad vigente.

Más tarde fue despedido y entonces solicitó que se le reconociera, contabilizándolo para el cálculo de la prestación por desempleo, todo el período en el que prestó sus servicios, aunque durante una parte del mismo careciera de los dos permisos citados.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) desestimaron su pretensión.

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La negociación de las enmiendas de la proposición de ley de reformas urgentes para los autónomos en el Congreso está siendo más complicada de lo que se esperaba. A pesar de que la norma solo tiene seis artículos que, en principio, no suponen un gran aumento del gasto, los grupos parlamentarios han retrasado ya cuatro veces el plazo de enmiendas. Si bien, mañana martes termina nuevamente el límite y parece que los grupos podrían cumplir esta vez con la presentación de las enmiendas, desbloqueando así la proposición de ley y continuar con su tramitación.

La mayor incógnita es si el PP presentará sus enmiendas, porque desde la Seguridad Social rechazan alguna de estas medidas que, aparentemente, tendrían carácter técnico, pero que, sin embargo, sí podrían dañar notablemente la recaudación del sistema de pensiones.

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La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de una divorciada a mantener la pensión compensatoria indefinida teniendo en cuenta las dificultades del mercado laboral en la actualidad para una persona sin formación y con un delicado estado de salud, según ha informado el CGPJ.

La esposa dejó de trabajar al contraer matrimonio para dedicarse a hogar y la familia; de forma que al separarse el matrimonio en el año 2003, contando ella 44 años, llevaba 23 años sin trabajar fuera del hogar, sin formación y con delicado estado de salud. Argumentan los magistrados en su sentencia que “no puede traerse ahora a colación, reprochando a la demandada desidia en la búsqueda de empleo, sobre todo si se tiene en cuenta las dificultades que tiene el mercado laboral para personas de esa edad”.

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En noviembre pasado el PP y Ciudadanos anunciaban ufanos que la primera ley que iba a ver la luz en esta legislatura sería la de reformas urgentes para los trabajadores autónomos. La proposición de ley, que se encargó de presentar la formación naranja daba cumplimiento al punto 31 del pacto de investidura entre C’s y el PP.

Además, ambas formaciones anunciaron igualmente entonces, nada más iniciarse la legislatura, que el Parlamento también daría inmediato cumplimiento al punto 32 de dicho pacto de investidura, en el que habían acordado crear una subcomisión en el Congreso de los Diputados para reformar el régimen especial de trabajadores por cuenta propia de la Seguridad Social (RETA).

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El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha determinado que una empresa puede cambiar de opinión tras notificar a un trabajador su despido.

La empresa puede retractarse tras la notificación del despido y obligar al trabajador a reincorporarse a su puesto. Así lo establece el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León en una sentencia en la que demarca los tiempos y derechos en el despido.

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