La Generalitat ha presentado esta mañana el balance de la Inspección Laboral correspondiente al año pasado. La consejera de Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa, ha explicado que gracias a la acción de los inspectores se ha podido regularizar la situación de 8.063 trabajadores, que han pasado de tener un contrato temporal a uno fijo. Un quinta parte de las actuaciones relacionadas con el ámbito de las relaciones laborales se deriva del exceso en la jornada declarada, es decir, horas extras que no se pagan.

“Hemos transformado 8.063 contratos temporales en indefinidos”, ha explicado Bassa. Se trata del doble de regularizaciones con respecto al año anterior. También ha crecido el importe de los expedientes de liquidación de cuotas a la Seguridad Social, que ya alcanza los 173 millones de euros. Es un aumento del 2,3% con respecto a 2015.

“Se han hecho actuaciones destacadas haciendo cirugía donde había más problemática: la subcontratación, las cárnicas y las empresas multiservicios”, ha añadido la consejera. Bassa ha asegurado que se extenderá a otras provincias catalanas el operativo para estudiar las condiciones laborales de la cadena de subcontratación del servicio de instalación de Telefónica y por el que se han impuesto sanciones por más de cinco millones pero que se encuentran recurridas.

Las infracciones en acta por el incumplimiento de la jornada laboral, las horas extra, se ha incrementado un 67% con respecto al año pasado. Las actuaciones en este ámbito ya representan un quinto de las englobadas dentro de las relaciones laborales. La acción de la Inspección ha obligado a incrementar la jornada declarada en contrato de 1.655 trabajadores, en el 52% de los casos más del 50%.

Leer la noticia completa – click aquí

La Sala IV del Tribunal Supremo ha establecido en su sentencia de 23 de marzo de 2017 que las empresas no están obligadas a llevar un registro de la jornada diaria de toda la plantilla para comprobar el cumplimiento de la jornada laboral y horarios pactados, y sólo deben llevar un registro de horas extras realizadas.

En la sentencia del Supremo se hace una interpretación del artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores, que regula el cómputo de las horas extraordinarias, muy distinta de la efectuada en su momento por la sentencia de la Audiencia nacional de 4 de diciembre de 2015, que establecía que las empresas deben mantener un control diario de las horas que trabajan todos sus empleados para determinar si se trabajan horas extraordinarias. Además, extendía esta obligación incluso a aquellas compañías que manifiesten que sus trabajadores no realizan horas extras. «Si el registro diario de la jornada solo fuera obligatorio cuando se realicen horas extraordinarias, provocaríamos un círculo vicioso, que vaciaría de contenido la institución y sus fines, puesto que el presupuesto, para que las horas extraordinarias tengan dicha consideración, es que se realicen sobre la duración máxima de la jornada de trabajo (…), siendo esta la razón por la que, sin el registro diario de la jornada, sea imposible controlar la realización de horas extraordinarias».

Por su parte, Supremo rechaza «llevar a cabo una interpretación extensiva del art. 35-5 del ET imponiendo obligaciones que limitan un derecho como el establecido en el artículo 28-3 del citado texto legal y el principio de libertad de empresa que deriva del artículo 38 de la Constitución y ha reconocido nuestro Tribunal Constitucional como imprescindible para la buena marcha de la actividad productiva».

Leer la noticia [...]

El Gobierno prepara una subida de la base mínima de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos del 3% para incluirla en los Presupuestos Generales del Estado de 2017. Con este incremento, dicha base –por la que cotizan ocho de cada diez trabajadores por cuenta propia– pasaría de los actuales 893,10 a unos 920 euros, según fuentes conocedoras del Presupuesto.

Según distintos cálculos esta subida supondrá a cada autónomo que cotice por esta base mínima el pago de unos 96 euros más al año; o, lo que es lo mismo, la actual cuota mensual (sin bonificaciones), fijada en 267 euros, subiría unos 8 euros al mes.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) había congelado la base mínima de cotización de los trabajadores autónomos el pasado 11 de febrero, a la espera de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para este año. Ahora, el Ejecutivo prepara incluir la citada subida del 3% en las cuentas públicas presentadas el viernes pasado en el Consejo de Ministros y que estos días intenta sacar adelante con negociación parlamentaria.

Según estas mismas fuentes, el incremento de la base entraría en vigor al mismo tiempo que lo hagan los presupuestos, algo que se prevé para antes del verano. Asimismo, la subida no se aplicará de forma retroactiva para la primera parte del año.

Leer la noticia completa – click aquí

En Luxemburgo ya se ha comenzado a fraguar la próxima polémica judicial para la legislación laboral española. La Abogada General de la Unión Europea, Eleanor Sharpston, ha considerado recientemente que la normativa española es contraria a la Directiva europea relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social, a la hora de calcular la prestación por desempleo en los trabajadores a tiempo parcial, según estos trabajen de forma vertical u horizontal.

La definición doctrinal europea diferencia estos dos tipos de trabajo de forma que los trabajadores a tiempo parcial vertical trabajan varios días a la semana mientras que lo que hacen de forma horizontal trabajan todos los días de la semana. A los primeros el SPEE les tiene en cuenta los días efectivamente trabajados y a los segundos los cotizados (incluidos fines de semana y vacaciones).

Leer la noticia completa – click aquí

La situación de los becarios en España puede cambiar próximamente. La Comisión de Empleo del Congreso de los Diputados llevó a las Cortes, la semana pasada, una propuesta para revisar aquellas leyes que regulan las prácticas en las empresas y los contratos de las becas, con el objetivo de limitar el número de horas de trabajo y mejorar las retribuciones que reciben gran parte de los jóvenes en prácticas. La iniciativa, impulsada por el grupo parlamentario de Unidos Podemos y sus confluencias, y a la que se han sumado Ciudadanos y PSOE, incluye, además, la propuesta de elaborar un estatuto del becario que delimite, entre otros detalles, qué se considera como una práctica o cuáles son sus límites o sus remuneraciones.

“Debatimos eliminar y suprimir aquellas becas o prácticas susceptibles de destruir puestos de trabajo, así como dotar de unas mínimas condiciones a aquellas que son complementos formativos: es decir, que solo se pueda hacer un número limitado de ellas y que tengan unas condiciones mínimas salariales”, explica el diputado de Unidos Podemos Segundo González. “Hay que impulsar un tipo de regulación conjunta que delimite bien la situación fronteriza entre la persona en formación y el contrato de trabajo. La idea del estatuto sería regular todas las prácticas: las universitarias, las extracurriculares, las que se hacen en las empresas, las de la Administración, las de formación profesional… Proponemos una solución global”, prosigue el representante de Ciudadanos Sergio del Campo. Aunque reconoce que este es un paquete difícil de abrir.

Leer la noticia completa – click aquí