Implementar una política de redes sociales podría reducir las responsabilidades penales a las compañías ante insultos o amenazas a sus trabajadores por parte de usuarios o clientes enfadados .

Cuenta oficial, Twitter de empresa o blog corporativo son algunos de los mensajes que encabezan las bios de miles de compañías de todo el mundo en las redes sociales. Y es que las organizaciones que no están en Internet parece que no existen, por lo que la inmensa mayoría se ha lanzado a la Red no sólo con una página web propia sino con diferentes perfiles en las redes sociales.

Lo que parece una simple decisión de márketing tiene, sin embargo, implicaciones legales. Bien lo sabe Toronto Transit Comission (TTC) -gestor del transporte público de Toronto y el tercer mayor organismo de transporte de Norteamérica-, que en un arbitraje laboral a instancias de una demanda presentada por un sindicato ha sido declarada responsable de no proteger a sus trabajadores del acoso y discriminación sufrido en el Twitter corporativo debido, al comportamiento de algunos usuarios cabreados en una red que en la actualidad siguen casi 35.000 personas.

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