La Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ Madrid, en su sentencia 69/2017, 2 Feb. Recurso 569/2016, ha declarado nulo el despido de una trabajadora, responsable de tienda, así castigada por el acoso laboral que ejercía contra sus subordinados, porque esta decisión se tomó durante el periodo en el que estaba disfrutando de su baja por maternidad.

Los hechos que motivaron el despido, insultos y amenazas a sus subordinados, habían prescrito, según indica la Sala en su sentencia, y debe prevalecer la protección legal a la mujer que disfruta su baja de maternidad, y declara nulo el despido.

Su despido ya fue declarado improcedente por el juzgado, ahora la empresa para la que trabajaba tendrá que readmitirla.
Grave y reiterado acoso laboral
Fue grave y reiterado el acoso laboral que la trabajadora, en su puesto de responsable de tienda, sometía a los miembros de su equipo. Se excedió en sus funciones, porque pese a que no le correspondía ejercer medidas disciplinarias, castigaba a otros trabajadores o cuadraba la planilla de trabajo para perjudicarlos económicamente.

Concurrió el mobbing especialmente con uno de los trabajadores con quien más empeño puso para humillarle, hasta el punto de amenazar a sus propios compañeros si hablaban con él, o asignándole tareas de realización imposible; sin olvidar los continuos insultos y burlas que por su condición sexual le dirigía delante de otros compañeros.

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La corte europea dice que los tratados se oponen a medidas nacionales que tengan por efecto «privar del disfrute efectivo» del contenido esencial de los derechos que le corresponden a un ciudadano europeo por serlo.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) decidió ayer que un ciudadano extracomunitario tiene derecho a residir en la UE si es progenitor de un menor de edad con ciudadanía europea, salvo que el estado miembro demuestre que no existe una relación de dependencia tal que obligaría al pequeño a abandonar el territorio de la UE si se le denegara la residencia a ese progenitor.

En su sentencia, la corte europea recalca que los tratados se oponen a medidas nacionales que tengan por efecto «privar del disfrute efectivo» del contenido esencial de los derechos que le corresponden a un ciudadano europeo por serlo. La circunstancia de que el otro progenitor sea ciudadano de la UE y pueda asumir por sí solo el cuidado diario y efectivo del menor es un elemento pertinente, admite la resolución, «pero no basta por sí misma» para denegar un permiso de residencia.

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El Gobierno quiere que las empresas estén más conectadas… a la Agencia Tributaria. Esto no va a ser por las buenas, claro. A partir del 1 de julio, el IVA dejará de declararse de manera periódica por medio de impresos oficiales. En su lugar, los contribuyentes proporcionarán en tiempo casi real los datos de las facturas cobradas y pagadas a través de un nuevo sistema telemático, el SII (Suministro Inmediato de Información).

Para cumplir con esta obligación, las compañías deberán conectar sus softwares de gestión financiera y contable con la web de la Agencia Tributaria, de manera que sean capaces de transmitir de manera online y continua la información registrada en los libros del IVA.

Actualmente, cuando una empresa vende o compra un bien o servicio, tiene entre uno y tres meses –según el periodo de liquidación que le corresponda– para declarar a Hacienda el IVA repercutido (al cliente) o pagado (al proveedor) por dicha operación. Con el SII, ese margen de tiempo se perderá, porque el plazo entre que se contabiliza la transacción y se declara se reducirá inicialmente a ocho días y, a partir de 2018, a cuatro.

“Es un cambio de paradigma en la forma de relacionarse con la Agencia Tributaria”, dice Alfonso Díez, principal ejecutivo del fabricante de software B2T Concept. “El ciclo de declaración fiscal será ahora mucho más corto. Las empresas tendrán que ser más estrictas y exigentes consigo mismas en el registro de sus facturas para evitar cometer errores que les puedan generar problemas con Hacienda”, explica.

El uso del sistema será obligatorio para compañías que facturen más de seis millones de euros (es decir, grandes empresas), las que estén inscritas en el régimen de devolución mensual (conocido como Redeme) y [...]

Todas las empresas con más de 50 trabajadores y horarios partidos, que asignen menos de dos horas para comer a su plantilla tienen la exigencia legal de contar con un comedor estable en el que se sirvan comidas a precio más asequible que los bares y restaurantes.
Así lo establece una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 7 de marzo de 2017, que recoge la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, plasmada en las sentencias de 26 de diciembre de 2011 (caso Indra) y de 19 de abril de 2012 (caso Makro).
Alfredo Aspra, socio responsable del área laboral de Andersen Tax & Legal en España, asegura que «el Tribunal Supremo considera plenamente vigente la normativa sobre comedores de empresa contenida en el Decreto de 8 de junio de 1938 y en la Orden de 30 de junio del mismo año, que lo desarrolla, y así lo recoge esta sentencia del TSJ».
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La ministra de Empleo, Fátima Báñez, se ha comprometido con Bruselas a impulsar medidas de conciliación de la vida familiar y laboral. Lo ha hecho en un carta remitida el 27 de abril a la comisaria europea de Empleo, Marianne Thyssen, en la que le felicita por las medidas sociales que había presentado un día antes.

La intención del equipo de Báñez es pactar medidas con sindicatos y empresarios en una de las mesas del diálogo social que tiene abiertas, concretamente la de “calidad en el empleo”. Para ello ha pedido a los agentes sociales que hagan sus propuestas, apuntan fuentes del Ejecutivo, y acordarlas con ellos, ya que creen que sin pacto será imposible aplicarlas.
No obstante, en Empleo también tienen elaboradas propuestas que van en la dirección de permitir más flexibilidad horaria en la entrada y salida del trabajo, respetando el número de horas diarias. Es decir, si un empleado tiene que estar en su puesto de trabajo a las ocho de la mañana que pueda hacerlo hasta las nueve y media, retrasando la salida el mismo tiempo o viceversa. Otra de las ideas es ahondar en el derecho a la desconexión digital, en la misma línea que se ha propuesto en Francia (no responder a correos electrónicos o a otros mensajes fuera del horario de trabajo).
La diferencia con el país vecino, apuntan fuentes de Empleo, es que Báñez no pretende imponerlo por ley. Explican en su departamento que su intención es que las medidas sean pactadas para que desde la mesa de diálogo social llegue «a las empresas y los sectores», pues, de lo contrario, no confían en que tenga éxito la iniciativa.
En la carta enviada a Bruselas, Báñez aprovecha [...]