Pocas veces un cambio normativo de naturaleza técnica causó tanto desasosiego con fundamento entre las empresas españolas. Quizá el tan llamado efecto 2000 pudo atraer la atención de la opinión pública, pero sus escasas consecuencias ya fueron previstas entre los profesionales. La puesta en marcha (sí o sí) del nuevo reglamento general de protección de datos (GDPR, por sus siglas en inglés, o RGPD) en solo un año ha obligado o obligará a cualquier empresa a establecer nuevos sistemas de gestión de sus infraestructuras informáticas para garantizar los derechos y la identidad de los usuarios y sus acciones en la red. De sufrir una fuga de datos, las sanciones previstas son las equivalentes al 4% de la facturación de las compañías negligentes, hasta 20 millones de euros (la de mayor cuantía de entre ambos baremos). Cualquier robo de información debe notificarse a la agencia de protección de datos en un máximo de 72 horas.

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Para la directora del departamento de salud pública y medioambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, la riqueza de las empresas se mide por la salud de sus trabajadores. España es uno de los países más envejecidos del mundo, la edad de jubilación ronda los 65 años y cada vez se retrasa más. Por lo tanto, hay que cuidar a los colaboradores para que se mantengan en buen estado, apunta Ángel Javier Vicente, director de recursos humanos de Cofesa. También remite a un estudio de National Geographic en el que se menciona que Japón y Cerdeña son dos de los lugares en los que mejor se llega a la vejez gracias a la importancia que le dan a las emociones.

Frente a esta recomendación, el 59 % de los trabajadores españoles sufre estrés en el trabajo, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, la OMS señala que los males relacionadas con la salud mental son la segunda causa de enfermedad relacionada con el trabajo, por detrás de las enfermedades musculares. Sin embargo, se prevé que en 2020, la salud emocional pase a ser el primer motivo de baja laboral. Según explica el director de canal alianzas, grandes cuentas y negocio directo de DKV Seguros, Javier Formariz, siete de cada 10 empleados dice tener algún problema de salud, y el 86 % de estos señala el trabajo como la causa de su dolencia, o de que esta se haya agravado.

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El Tribunal Supremo en una reciente sentencia, ha unificado doctrina estableciendo que una sociedad disuelta y liquidada tiene personalidad jurídica a efectos del pago de las deudas que tenga pendientes, por tanto puede ser demanda para que cumpla con ellas.

En este caso, una mujer compró un piso a una promotora que más tarde se disolvió y fue liquidada. Cuando la compradora quiso reclamar a la sociedad determinados defectos en la vivienda, demandó a dicha empresa para que se hiciera cargo de las reparaciones necesarias para que el piso tuviera las condiciones  que se pactaron en el contrato de compraventa. La sociedad liquidadora fue quien en representación de la promotora, que ya estaba disuelta, compareció y contestó a la demanda.

En primera instancia, el juzgado condenó a la promotora vendedora a reparar el perjuicio derivado del cumplimiento defectuoso de su prestación, es decir, volver a instalar correctamente el terrazo del piso, conforme a lo convenido, a pesar de estar disuelta y liquidada. Y en el caso de que no lo hiciera, al pago del coste de reparación que cifraba en la cantidad reclamada, 48.822,39 euros.

La sentencia fue recurrida en apelación por la empresa liquidadora ante la Audiencia provincial de Valencia, que revocó la resolución anterior y decidió que la sociedad demandada carecía de capacidad para ser parte. Los razones en las que basó su fallo fueron que la empresa estaba disuelta, liquidada e inscrita en el Registro Mercantil la correspondiente escritura de disolución y liquidación en el momento en el que se presentó la demanda. Ante esta resolución la dueña del piso interpuso un recurso de casación.

Finalmente, el Supremo ha unificado doctrina sobre este asunto del que existían pronunciamientos contradictorios, determinando que «no debe privarse a [...]

Casi dos años ha durado la cruzada de Naty López, de 35 años, para lograr que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) reconozca su incapacidad para desarrollar su trabajo habitual, de auxiliar administrativa. La joven atesora una historia clínica con un infarto de miocardio en 2011 y un ictus en 2014, una dolencia de la que todavía arrastra secuelas. En 2015, la joven pasó varias semanas acampada ante el Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas (ICAM) después de que el organismo, encargado de evaluar las bajas médicas, le diese el alta al considerarla apta para trabajar. Ahora, un juez reconoce que Naty «debe ser declarada en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual».

«¿Quién va a contratar a una persona que tiene que ir al médico al menos tres veces por semana?», cuestionaba allá por 2015 la joven desde su tienda de campaña. Según el médico forense citado en la sentencia, Naty arrastra, como consecuencia del ictus, una afasia de expresión (un trastorno del lenguaje) y cefaleas similares a la migraña. Además, padece un trastorno neuropsicológico y un trastorno ansioso-depresivo. «La demandante presenta dificultades de memoria, estado de ánimo ansioso-depresivo, afasia leve con bloqueo del lenguaje, alteración de la velocidad de procesamiento, alteraciones en la flexibilidad mental y en la fluencia verbal y dificultades en el cálculo», reza el documento. Todas estas secuelas han inclinado la balanza a favor de Naty. «No está en condiciones de desempeñar su profesión habitual», concluye el juez.

La historia de Naty fue el germen de la PAICAM, la plataforma de afectados que denunciaba las «altas injustificadas» del organismo catalán. Con su protesta, la joven se convirtió en un símbolo de la lucha contra las decisiones del ICAM, [...]

Las vendedoras ocasionales de Thermomix en España han disparado las alarmas por las recientes inspecciones laborales que han terminado en sanciones. Una sentencia judicial contra una comercial ocasional de Valencia le ha obligado a pagar en cuotas de autónomos el triple de lo que había ingresado con la venta ocasional de la Thermomix.
La ama de casa, tras haber vendido una Thermimix durante 3 meses seguidos, fue condenada a pagar unos mil euros por concepto de tres meses de cuota de autónomos en la Seguridad Social tras haber ingresado apenas 300 euros, según ha informado la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA.
El juzgado concluyó que la ama de casa tenía una actividad aconómica habitual a pesar de sus bajos ingresos. El caso ha conmocionado a las amas de casa que venden el robot de cocina para generar ingresos adicionales y temen una inspección sorpresa que les obligue a incurrir en pérdidas.

Nueva estructura de ventas
Para evitar nuevos conflictos con la inspección del trabajo, Thermomix acaba de modificar la estructura de su red de vendedoras en España. La compañía que lidera la venta de robots de cocina ha decidido clasificar a los comerciales en dos grupos: los vendedores regulares, que están dados de alta como autónomos en la Seguridad Social, y los ocasionales que no alcanzan en un año el salario mínimo interprofesional.
La empresa alemana ha recibido inspecciones laborales para aclarar la situación de sus 8.500 comerciales que venden el robot de cocina en presentaciones privadas y con el sistema de puerta fría, según reconoció a este medio Ignacio Fernández-Simal, director de Themomix en España.

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