El TSJ de Madrid cree procedente el despido de un miembro del comité. La empresa probó que durante el tiempo reservado a la actividad sindical trabajaba en otro sitio.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha avalado el despido de un miembro del comité de empresa del que la compañía probó correctamente que había cometido un abuso del tiempo para realizar actividad sindical, ya que lo utilizaba para trabajar en otro sitio. En una sentencia a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN, que alcanzó firmeza ayer, el TSJM falla que el despido es procedente sin derecho a indemnización.

En concreto, la empresa comunicó al trabajador su despido disciplinario por la comisión de varias infracciones muy graves. La compañía probó que durante el horario en el que había solicitado hacer uso de su crédito sindical, impartía clases en un Instituto de Enseñanza secundaria en Getafe como profesor técnico de formación profesional interino, indicando, asimismo, que el horario de las clases que impartía se solapaba tanto con el crédito horario solicitado como con su horario de trabajo, recogiendo un cuadro de lo acaecido los días indicados.

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El Gobernador del Banco de España, Luis María Linde ha advertido esta tarde de que ni siquiera alcanzar el pleno empleo –con el 80% de la población activa trabajando (ahora lo hace el 56%)— sería suficiente para mantener la sostenibilidad del actual sistema de pensiones. Por ello, ha alertado que, o bien se buscan nuevos ingresos para el medio y largo plazo, o los recortes de las futuras pensiones, “serán significativos”.

Por tanto, Linde, que ha comparecido hoy en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo que estudia la reforma de la Seguridad Social, ha propuesto una solución combinada: buscar nuevos ingresos para costear el sistema de pensiones, pero eso no evitará que, al mismo tiempo, haya que reducir la denominada tasa de sustitución (porcentaje del último salario que representa la pensión), con lo que se ajustaría también el gasto. O lo que es lo mismo, aunque se busquen ingresos adicionales, la presión demográfica obligará a recortar algo las futuras pensiones.

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Orden ESS/106/2017, de 9 de febrero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2017.

Aunque la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de PGE 2016, se ha prorrogado automáticamente ante la ausencia de una nueva Ley, la Orden de cotización para el presente ejercicio, publicada en el BOE de 11 de febrero con efectos a partir del 1 de enero de 2017, deja sin efecto las cuantías del art. 115 de aquélla.

La Orden de cotización para 2017 mantiene básicamente la estructura de años anteriores, si bien recoge los incrementos excepcionales en las cuantías del Real Decreto-ley 3/2016, que previó una subida del 8% en las bases de cotización máxima, y del Real Decreto 742/2016, que incrementó el SMI en un 3%, para el presente ejercicio.

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UGT cree que la falta de prevención en las empresas y el miedo a perder el puesto de trabajo están facilitando que las enfermedades profesionales aumenten cada año y que a su vez se produzca una «infradeclaración» de las mismas.

El número de enfermedades profesionales declaradas en 2016 en España fue de 20.730, un 16% más que en 2015, de las que 9.975 fueron con baja y 10.755 sin ella, cifra esta última que supone triplicar los registros de hace una década, según el último informe del sindicato UGT.

En total, el número de enfermedades profesionales de 2016 supone también la mayor cifra de la última década, ya que el máximo anterior era el de 2006 con un total de 20.577 con una foto muy diferente de los porcentajes: ese año 17.504 fueron con baja y 3.073 sin baja.

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Aunque incumpla el pacto, el trabajador sólo satisfará una «compensación adecuada», explica el fallo.
El Tribunal Supremo suaviza los efectos del pacto de no concurrencia. En una sentencia, dicta que las empresas no pueden exigir a un empleado que incumpla el pacto el pago de la indemnización acordado en una cláusula penal y que éste sólo satisfará una «compensación económica adecuada».

El caso atañe a un pacto por el que el trabajador se comprometía, durante 18 meses, a no realizar actividad que pudiera resultar en competencia con la empresa finalizado el contrato.En compensación, recibió una indemnización de 6.000 euros anuales, con un mínimo de 18.000 euros garantizados.

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