La Subdirección General de Tributos ha aclarado una duda que se plantea de forma recurrente a las empresas cuando reciben una orden de embargo del sueldo de alguno de sus empleados. En una consulta vinculante publicada recientemente, el organismo responde a la duda planteada de cómo aplicar los límites a la embargabilidad que contiene la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) en el caso de que existan pagas extraordinarias.

La norma determina que no puede embargarse el salario, sueldo, pensión o retribución equivalente que no exceda el salario mínimo interprofesional, fijado actualmente en 707,70 euros por 14 pagas.
Partiendo de este dato, el consultante planteaba si la cantidad inembargable debía estimarse que eran 12 pagas de 825,65 euros (resultado de dividir entre 12 las 14 pagas de 707,70 euros) o si, por el contrario, debía aplicarse el límite de 707,70 euros en cada salario ordinario y dos deducciones más del mismo importe en cada una de las pagas extra.

La Subdirección de Tributos, sin embargo, asevera que los límites de la inembargabilidad contenidos en la LEC “deben aplicarse a la totalidad de las percepciones mensuales acumuladas”. Es decir, en los meses de junio y diciembre se aplicará una única deducción de 707,70 euros y, a partir de ese mínimo exento, deberán seguirse las reglas contenidas en el artículo 607 de la norma: hasta el doble del salario mínimo, solo podrá embargarse el 30%; del doble al triple, el 50%; del triple hasta el cuádruple, el 60%; del cuádruple al quíntuple, el 75%; y, finalmente, de las cantidades que excedan podrá embargarse el 90%.

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El último informe de la Comisión Europea sobre sistemas de pensiones, conocido este mismo mes de mayo, destaca que las reformas llevadas a cabo por la mayoría de los socios comunitarios siguen afectando a los criterios que se usan para calcular la pensión: sobre todo la edad de jubilación, el periodo de cómputo que se tiene en cuenta para fijar las cuantías y las reglas de revalorización de las pensiones.

Pero, fundamentalmente, los expertos europeos destacan que todas estas medidas tienen como objeto “ajustar el tiempo de cobro de la pensión a la esperanza de vida”. Por ello, en los últimos años los Estados europeos han tomado otras medidas de ajuste automático del gasto–la mayoría vinculados a la esperanza de vida–; u otras para incentivar a la prolongación de la vida laboral y dificultar el retiro anticipado.

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La demandante sale de su trabajo a las 13 horas pero, en lugar de dirigirse directamente a su domicilio, realiza una parada en un centro comercial próximo a comprar unos yogures. Al finalizar la compra, coge el autobús hacia su domicilio y, en el trayecto, el vehículo efectúa un frenazo que le provoca unas lesiones determinantes de Incapacidad Temporal (IT).

La trabajadora presenta demanda que es desestimada tanto en primera instancia como en suplicación, por lo que recurre en casación para la unificación de doctrina.

La figura del accidente in itinere, figura de creación jurisprudencial aunque recogida en parte en el art.156.2.b de la LGSS, se fundamenta en que solo puede calificarse como accidente in itinere aquel que se produce porque el desplazamiento viene impuesto por la obligación de acudir al trabajo.

Según la jurisprudencia, para calificar un accidente laboral como in itinere el deben concurrir simultáneamente las siguientes circunstancias:

que la finalidad principal y directa del viaje esté determinada por el trabajo (elemento teleológico);
que se produzca en el trayecto habitual y normal que debe recorrerse desde el domicilio al lugar de trabajo o viceversa (elemento geográfico);
que se produzca dentro del tiempo prudencial que normalmente se invierte en el trayecto (elemento cronológico), o lo que es lo mismo que el recorrido no se vea alterado por desviaciones o alteraciones temporales que no sean normales y obedezcan a motivos de interés particular de tal índole que rompan el nexo causal con la ida o la vuelta al trabajo;
que el trayecto se realice con medio normal de transporte (elemento de idoneidad del medio).

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La Comisión de Presupuestos del Congreso aprobó ayer la enmienda presupuestaria propuesta por el PNV para revalorizar las pensiones conforme al IPC este año y el próximo y retrasar la entrada en vigor del Factor de Sostenibilidad. El problema de estas medidas es que, si bien es fácil sufragarlas durante algún ejercicio, las subidas de gastos se consolidan de cara a los derechos de los años posteriores, con lo que pueden suponer un sobrecoste de 157.000 millones de euros hasta 2045. Y esto puede agravar el desequilibrio de un sistema que ya tiene un déficit de 18.800 millones.

Por el momento, el Gobierno ha sorteado (al menos, sobre el papel), los efectos de la subida de las pensiones prevista para este año con la creación de un impuesto a las multinacionales tecnológicas y un ahorro millonario en los costes financieros que el Tesoro descubrió en cuestión de días tras el pacto entre el PP y el PNV. Sin embargo, estos cálculos no se sostienen de cara al futuro, ya que la revalorización de las pensiones proyectada para este año y el próximo se consolidará de cara al futuro, provocando que el sistema tenga un coste más elevado en el futuro.

A esto hay que sumar el muy probable acelerón de la inflación este año, por la subida de los precios del petróleo, y el retraso en la entrada del Factor de Sostenibilidad, que estaba planteado para 2019 y que ahora se pospone hasta 2023. Esto limitará mucho los ahorros proyectados para las nuevas pensiones. Por ello, los tres efectos, en conjunto, generarán un sobrecoste de 157.000 millones de euros a la Seguridad Social a lo largo de los próximos 25 años, de acuerdo con cálculos realizados [...]

El Tribunal Constitucional abre su primera puerta a la posible igualación de los permisos de paternidad y maternidad, «una cuestión jurídica relevante». Ha admitido a trámite el recurso de amparo de un padre que reclamó, sin éxito, a la Seguridad Social un permiso de la misma duración que el de la madre y pagado al 100%. Así, el TC estudiará un recurso que afirma que la situación actual es «discriminatoria», viola cuatro artículos de la Constitución y obvia una «demanda social» de padres que no quieren un permiso prestado sino propio y equiparable «que favorece la salud física y psíquica de la madre y su situación en el mercado laboral y protege el vínculo padre/hijo».

La admisión es una victoria, de momento simbólica, para la equiparación: el TC admite sólo un 1% de los recursos de amparo (después estima la mitad) y la resolución no la ha tomado una Sala, sino el Pleno, el más alto escalón del Constitucional.

El TC asegura que en el recurso «concurre una especial trascendencia constitucional» porque el propio tribunal podría «aclarar o cambiar su doctrina»; porque la «posible vulneración del derecho fundamental que se denuncia» pudiera provenir de la ley, y porque el asunto «trasciende del caso concreto» al plantear «una cuestión jurídica relevante y de general repercusión social o económica».

En 2015 el hombre fue padre y pidió a la Seguridad Social el mismo permiso que el de la madre, pero obtuvo silencio administrativo y sólo disfrutó de 15 días. Litigó ante el Juzgado Nº 30 de Madrid y el Tribunal Superior de Justicia, que lo desestimaron. Y elevó un amparo al TC.

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